La Agencia Nacional de Tierras (ANT) continúa en el proceso para la recuperación de los lotes baldíos, reservados de la Nación, ubicados en las reconocidas y turísticas Islas del Rosario, zona insular de Cartagena.
En ese sentido, el pasado viernes, 13 de enero, la entidad presentó una demanda de nulidad contra 32 contratos de arrendamiento, sumándose al grupo de 10 que habían sido demandados en diciembre de 2022.
Cabe recordar que, según las denuncias instauradas, esos terrenos son ocupados por particulares, quienes, al parecer, están pagando cifras absurdas por la utilización de los mismos.
Por ejemplo, un predio localizado en el sector La Isleta II, paga apenas $ 59 mil mensuales, mientras que otro, que fue arrendado a la Sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A., cuyo representante legal, según la Agencia Nacional de Tierras, es Miguel Antonio Barranco García, paga escasamente $ 200.060 de canon mensual, es decir, $ 433 mil menos de lo que indica el avalúo del Agustín Codazzi.
“La pretensión de la entidad es que se declare la nulidad absoluta por objeto ilícito, por haber sido celebrados contra expresa prohibición constitucional o legal, y que, en consecuencia, se ordene la terminación inmediata de dichos contratos”, explicó el Gobierno Nacional a través de la ANT.
En palabras más técnicas, los factores que motivaron la demandan están relacionados con:
- Los expedientes contractuales carecen de escritura pública, artículo 5 del Acuerdo 041 de 2006.
- Carecen de avalúos catastrales, según el artículo 4º del Acuerdo 041 de 2006.
- Siete de ellos no respetan el área máxima (una hectárea) que era susceptible de arrendamiento, art. 3 del Acuerdo 041 de 2006.
Así las cosas, hasta la fecha ya han sido presentadas 42 demandas de nulidad de contratos de arrendamientos para recuperar lotes baldíos en las Islas del Rosario.
Cifras irrisorias
De hecho, existen predios con mayor tamaño y, en teoría, con un mejor avalúo que tienen cánones de arriendo similares a los que se pagan por un apartamento en Bogotá. Basta citar dos casos. El primer predio, que no tiene nombre, está avaluado en $ 905 millones, y paga apenas $ 998.000 de arriendo, es decir, ocho millones menos de lo que debería, según lo contemplado por el Agustín Codazzi.
Otro, llamado Punta Brava, avaluado en $ 715 millones, paga solamente $ 1.182.226, es decir cerca de ocho millones por debajo de lo que debería. Por eso, la Agencia Nacional de Tierras decidió pasar a la ofensiva para recuperar terrenos que constituyen un gran patrimonio de fauna y flora del país, y que hoy están destinados exclusivamente al turismo privado.
El predio Suonaga, arrendado por Jairo Espitia, tiene, según el contrato, 1.100 metros cuadrados. El costo de su arriendo es $ 1.176.393, es decir que paga apenas $ 1.069 por cada metro cuadrado.
Otro caso, por ejemplo, el contrato que deja el predio llamado Isla Techo Rojo en manos de una sociedad llamada también Techo Rojo S.A.S. deja claro que se trató de un arreglo desventajoso. La extensión total del terreno es de 6.300 metros cuadrados y el canon de arriendo es de $ 452.658 mensuales, lo cual quiere decir que esa compañía paga 72 pesos por cada metro cuadrado del predio.
Algunos de esos contratos demandados fueron firmados por José Vicente, Elena Margarita, Fernando y Pedro Mogollón Vélez, arrendatarios del predio Isla Punta Brava; Fernando Isaza y Christian Bellingrodt, a cargo del predio Laguna Encantada; Alexandre Rene Claude Jacob Demidoff y Raymond Jacob de Pazanan, cesionario Inversiones Tu Isla S.A.S, en poder de Isla Soaxagasta.
De la misma forma, Alexandre Rene Claude Jacob Demidoff y Raymond Jacob de Pazanan, arrendatarios de los predios La Isleta I y Los Yacos; Techo Rojo S.A.S., a cargo del predio Isla Techo Rojo; Sociedad Inversiones Inalbos S en C, en poder de Isla Única; Jairo H. Espitia Parra, quien arrendó Isla Suanoga, y, finalmente, Rafael Viera Op Den Bosch y la Sociedad Centro de Investigación, Educación y Recreación San Martín de Pajarales S.A.S., a cargo de Isla Casa Edén.