Desde la semana pasada, miembros de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) se declararon en desobediencia civil y anunciaron que no pagarán las facturas de energía hasta que no se planteen soluciones que permitan disminuir las altas tarifas.
La iniciativa fue rechazada por distintos gremios de la ciudad, quienes consideran que las manifestaciones pueden acrecentar la carestía del servicio.
“Yo creo que los habitantes de la región Caribe deben pagar su factura. En la medida en que los usuarios no paguemos la factura, vamos a generar una bola de inconvenientes. Cuando el usuario no paga su recibo eso incrementa las pérdidas y en la medida en que se incrementen las pérdidas va a afectar la tarifa de energía”, explicó Efraín Cepeda, presidente ejecutivo del comité Intergremial del Atlántico.
“El Gobierno nacional tiene que tomar medidas urgentes en torno al tema de las pérdidas que explican el 70 % del incremento de la tarifa”, añadió.
A su turno, Rosmery Quintero, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), también se mostró en desacuerdo con este tipo de decisiones.
“Nosotros no estamos de acuerdo con una desobediencia civil porque no sabemos hasta qué punto va a llegar una clase de manifestaciones. Muchas veces hemos utilizado esas protestas por grupos que pueden generar violencia y más detrimento, y aquí lo que necesitamos es recursos para generar las a los problemas. El Gobierno nacional que tiene una gran responsabilidad”.
Incluso, hasta el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió respeto a la integridad y que todo se realice en el marco de la legitimidad.
“Cualquier protesta que hagamos le solicito a los habitantes del Caribe que la hagamos dentro de la ley , de manera pacífica. No es el momento para violentar a nadie”, anotó el mandatario.
Cabe recordar que como parte del paquete de medidas anunciado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una serie de resoluciones que plantean posibles soluciones para iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica en el país a partir del mes de noviembre.
Sin embargo, en la costa Caribe la ciudadanía explica que la carestía está asociada, mayoritariamente, por el cobro de las pérdidas en término de robos. Advierten que en ese paquete de medidas no se contempla la reducción o eliminación de esa tarifa.
Los comerciantes del centro de la ciudad también piden que se evalúen los demás componentes que se reflejan en la factura, es decir, alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia.
El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico anunció que tomarán la decisión de viajar a Bogotá en conjunto con otros gremios para reunirse con el Ministerio de Minas y Energía.
La presidenta del comité, Sandra López, manifestó que “hemos enviado comunicación formal al Ministerio de Minas, solicitando con extrema urgencia cita en la agenda de la ministra o de la vice, porque si algo tienen claro los comerciantes es que no justifican seguir pagando unas pérdidas que endosaron en el cobro mensual en el recibo de energía, vía resolución Creg, amparados en la Ley del Plan de Desarrollo del expresidente Duque. Independiente a los anuncios del estudio que están haciendo al tema de las pérdidas, no podemos bajar la guardia y debemos seguir insistiendo en el tema”.