En atención a una convocatoria de la Procuraduría General de la Nación, iniciaron reuniones comerciales entre la empresa de energía Air-e y entidades prestadoras de salud de orden municipal y departamental, inicialmente en Atlántico y posteriormente en Magdalena y La Guajira, que presentan alta cartera morosa en el servicio eléctrico.
El organismo de control acompaña este proceso con el fin de articular y buscar soluciones dentro de un marco legal normativo para mitigar riesgos que afecten la prestación del servicio de energía y, por ende, la atención en salud a los usuarios.
De acuerdo con el gerente de Servicios Jurídicos de la compañía, Fermín de la Hoz, en el desarrollo de la reunión indicaron que en total el sector oficial “adeuda a la empresa más de 54 mil millones de pesos y se ha establecido una agenda para poder visitar los tres departamentos y, a partir de ahí, definir acuerdos de pago que les permitan a estas entidades cancelar la facturación corriente del servicio de energía y la facturación en mora”.
En el departamento del Atlántico, a la primera reunión con la Procuraduría asistieron alcaldes, gerentes y delegados de: ESE Centro de Salud de Santa Lucía, ESE Hospital Campo de la Cruz, ESE Centro de Salud Tubará y ESE Universitaria del Atlántico (Barranquilla, Soledad y Sabanalarga).
Ahora bien, la información suministrada por la electrificadora indicó que las entidades mencionadas, más la ESE Hospital Candelaria, le adeudan a Air-e 270 facturas que suman más de 5.909 millones de pesos.
“Aquí hemos establecido una hoja de ruta en la que sigue una próxima reunión para que estas entidades se coloquen al día a través de un plan de financiación y realicen un pago correspondiente al presente mes. Es importante hacer un llamado a las entidades oficiales y a los funcionarios para que honren su compromiso de presupuestar y cancelar por el servicio de energía que utilizan para la prestación de sus servicios”, expresó el gerente de Air-e en Atlántico, Ramiro Castilla.
Fermín de la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos, agregó que “si estos acuerdos se incumplen, la empresa se verá en la penosa necesidad de adelantar acciones judiciales, incluyendo también aquellas disciplinarias previstas en la Ley. De esta manera, esperamos seguir avanzando para mejorar la calidad del servicio y brindarles a todos nuestros usuarios el servicio de calidad que se merecen”.
Otros hechos similares
La compañía Air-e detectó el robo de energía en nueve apartamentos de un exclusivo sector de la capital del Atlántico. Las familias deberán enfrentar un proceso penal por el supuesto delito de defraudación de fluidos.
En un conjunto residencial se encontraron dos medidores manipulados, cuatro líneas directas y tres puentes en bornera que conducirían a las redes eléctricas de los inmuebles, localizados en Villa Carolina.
Los expertos de la compañía de servicios públicos concluyeron que, tal como estaba alterado el sistema y los electrodomésticos de cada uno, el presunto fraude sumaría $10.500.000 cada mes.
Es decir, Air-e dejó de recibir en un año cerca de 126 millones de pesos, teniendo en cuenta que varios de los apartamentos involucrados en la investigación tienen equipos de aire acondicionado, entre otros elementos.
Este caso se suma a los otros 440 procesos penales que se adelantan en contra de la ciudadanía por hurto y defraudación de fluidos en este departamento. Los propietarios se enfrentan a varios riesgos: 183 han sido capturados.
Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de la empresa de energía, detalló que se está trabajando con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para frenar esta práctica ilegal que supone complicaciones.
“En los procesos penales los usuarios se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en el delito de defraudación de fluidos”, explicó el funcionario.