En un operativo realizado por técnicos especializados de la empresa encargada del suministro de energía en Barranquilla, Air-e, detectaron a nuevos usuarios robando energía o apropiándose de ella de manera irregular.
Los nuevos casos se presentaron en varios establecimientos comerciales ubicados en el centro y sur de la ciudad, donde las perdidas las perdidas son millonarias.
“Se detectaron líneas directas para evadir el pago del consumo real de energía de este reconocido establecimiento comercial dedicado a comercialización de bebidas embriagantes”, dijeron desde la compañía en un informe.
Adicionalmente, los técnicos detectaron que desde el mismo bar donde habrían detectado el primer robo de energía, un sitio de razón social, Bar Club Mi Discoteca, se alimentaba también de energía el establecimiento Pasión Roma, ubicado en inmediaciones del Parque Los Locutores.
El ingeniero Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en el Atlántico rechazó este tipo de conductas delictivas, en donde un establecimiento reincidente le da energía a otro que evade el pago de la energía.
“Estamos actuando con contundencia con estos casos de robo de energía. Vende licor y se utilizan equipos de aire acondicionado de alto consumo de energía durante todo el tiempo en que se encuentra abierto al público este establecimiento”, dijo Castilla Andrade.
Por otra parte, en el corredor comercial de la carrera 8, en el sur de Barranquilla del mismo modo detectaron una conexión ilegal en un establecimiento tipo billas, llamado Billar Emperador.
“El procedimiento se desarrolló en la carrera 8 con calle 42 en el barrio Alboraya”, indicaron desde la empresa.
Castilla agregó que el robo de energía está tipificado como Defraudación de fluidos, consagrado en el artículo 256 del Código Penal, el cual establece penas hasta por 6 años de prisión y multas hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La empresa Air-e, Policía Nacional y Fiscalía general de la Nación agradecen las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente contra los delincuentes, que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito.
A la fecha, según datos proporcionados desde la empresa, se lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y Defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por los delitos de Defraudación de fluidos y Concierto para delinquir.
Robo de energía en La Guajira
Otro caso de defraudación de fluidos o robo de energía se registró en el departamento de La Guajira. Técnicos de la empresa Air-e detectaron ilegalidad en un establecimiento que funciona como hostal, ubicado en la vía al sector turístico de Mayapo, en zona rural de Manaure.
Se trata del Hostal Anua, donde, según la compañía, se evidenció la apropiación de la energía mediante un transformador conectado a las redes eléctricas de propiedad de Air-e, el cual fue instalado de manera ilegal y sin autorización de la empresa.
Al momento de la revisión, los operarios advirtieron sobre un transformador de 75 kilovoltiamperios (KVA). Además, el predio no registraba medidor y facturación, lo que implica que el establecimiento comercial aún no es cliente de la compañía.
De acuerdo con los estimativos y la carga instalada, el perjuicio económico por la instalación ilegal es del orden de los 26 millones de pesos mensualmente.
Por su parte, la gerente de Air-e en La Guajira, Martha Iguarán, señaló que la empresa aplicará todo el peso de la ley en estos casos en donde se manipula la red para apropiarse del servicio de energía, lo que configura el delito tipificado en el Código Penal como defraudación de fluidos, el cual establece penas hasta por seis años de prisión y multas que podrían llegar a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Adicionalmente, el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana señala que en casos donde se compruebe la conexión no autorizada del servicio de energía en los establecimientos de comercio, resulta viable adelantar un proceso policivo para la imposición de multas de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y la suspensión temporal de la actividad de hasta 10 días. Si reinciden en esta conducta en el término de un año, hay lugar al cierre definitivo del establecimiento.