Un nuevo operativo se desarrolló en zona turística del municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, por parte de personal especializado de la empresa de energía Air-e que detectó que 13 cabañas o casas de recreo operaban con energía robada.
El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de El Vaivén, en donde las cabañas fueron conectadas directamente a la infraestructura eléctrica de propiedad de Air-e sin autorización de la compañía. Esto implica que no eran clientes de la empresa y, por ende, evadían el pago de los impuestos de alumbrado público y tasa de seguridad.
La mayoría de los casos se detectaron en la Urbanización El Jobo, en las cabañas Villa Luz, VIP, Villa Lupita, El Diamante, Villa El Gran Aragón y en la Urbanización Valles del Jobo, de tres predios sin identificación.
El monto de la defraudación de fluidos, de acuerdo con la empresa, es del orden de los 15 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta que varias cabañas tienen equipos para la operación de piscinas, aire acondicionado y otros electrodomésticos.
“Este valor equivale anualmente a un promedio de 180 millones de pesos. La empresa también informó que los propietarios asumieron los costos de la Energía Dejada de Facturar y fueron normalizados. Adicionalmente, aportaron la documentación para la legalización del servicio de sus predios”, dijeron desde la empresa.
En este caso, la compañía logró una negociación de pago a través del diálogo directo con los representantes: Mellys Quiroz, Eduardo Muddi, Claudia Roncallo, Fanor Alfonzo Barrios, Guadalupe del Carmen Guerrero, Manuel Coll, Efraín Ruiz, Iván Segrera, Rodolfo Rojas, Andrés Rocha, Lisseth del Carmen Egeo y Neila Arteta.
De acuerdo con Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, la empresa sigue actuando de manera contundente contra la práctica ilegal del robo de energía.
“En los procesos penales los usuarios se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en el delito de Defraudación de Fluidos. Además, los usuarios comerciales se exponen al cierre temporal de su establecimiento o al cierre definitivo en caso de reincidencia, tal y como lo consagra el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana”, explicó.
La empresa Air-e, en conjunto con la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, manifestaron que agradecen las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente contra los delincuentes, que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito.
A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y Defraudación de Fluidos. Han sido capturadas 183 personas por este delito y Concierto para Delinquir.
La empresa le puso el acelerador a los procesos para el reporte en centrales de riesgo de los clientes morosos de la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Se trata de pasar a Datacredito a quienes no han cancelado las facturas desde hace un tiempo y adeudan grandes sumas de dinero a la compañía.
Tras este anuncio, un grupo de personas decidió hacer un plantón en rechazo a las medidas y a las altas tarifas que -aseguran- se vienen cobrando, argumentando que esa sería la razón por la que no se han realizado los pagos.
“A pesar de la escasa asistencia a un motín desarrollado en inmediaciones de la compañía en el cual se oponen a la medida, la empresa sigue haciendo esfuerzos por combatir la morosidad en el pago de las facturas. Mientras la empresa hace millonarias inversiones, muchos clientes, incluyendo los que tienen un alto poder adquisitivo, no pagan el consumo de energía. En algunos casos hasta manipulan las redes para obtener la energía en forma irregular”, dijo Fermín de la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e.
La empresa manifiesta que el pago del servicio de energía es la principal obligación del usuario, de tal manera que si no lo hace o incurre en mora estaría incumpliendo de manera grave el contrato y su obligación legal, lo que da lugar a suspensión del servicio y a la terminación del contrato.
Por otro lado, explicaron que en el contrato establece la posibilidad de reportar el comportamiento de pago de los usuarios a las centrales de riesgo, previo el cumplimiento de los requisitos legales.