SEMANA conoció a través de una denuncia, el lío de tierras que se vive en una parte del departamento del Atlántico y que involucra a un club ubicado a cinco minutos de la ciudad de Barranquilla, de entretenimiento social, deportivo y cultural de distinguidas personalidades de la ciudad y a un grupo de 22 familias campesinas que aseguran haber sido desalojadas forzadamente de sus tierras.

La denuncia fue hecha por el abogado Francisco Ripoll Benítez, representante del Club Lagos de Caujaral, quien asegura que es el club el propietario y poseedor material del inmueble llamado globo 8, “situado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, distinguido con Referencia Catastral 00-02-00-00-0000-0270-0-00- 00-0000 y Matrícula Inmobiliaria No. 040-596851″, y donde en repetidas ocasiones un personal desconocido ha intentado invadir instalando incluso actualmente cambuches.

“Estas personas ingresaron por vía de hecho a un inmueble denominado globo 8 inicialmente el 1 de marzo del presente año, en horas de la mañana, como a las 6 o 7 de la mañana, por lo que presentamos; con ayuda de mis servicios, una solicitud de un proceso verbal inmediato para que en apoyo con el comando de Policía de Barranquilla que tiene jurisdicción en el municipio de Puerto Colombia se retiren los invasores”, dijo Ripoll, el abogado de la corporación a SEMANA.

En el año 2013, según el abogado, las mismas personas con el apoyo de un hombre identificado como Rubén Blandón “que se autodenomina defensor de derechos humanos” intentaron entrar a las tierras y fueron sacados por la Policía.

“Mediante sentencia de abril 12 de 2013 de la inspección de Sabanilla-Montecarmelo fueron retirados por vía policiva. El asunto es que estas personas quieren apropiarse y tienen años intentando invadirlo y meterse, generando zozobra. El 16 de julio se metieron nuevamente al terreno que pertenece a Lagos de Caujaral”, señaló el abogado.

Según dijo Ripoll, una fracción de ese inmueble es un bien fiscal, que fue cedido al comando de la Gobernación del Atlántico, y sería “solo el tramo por donde se ingresa al lote” del mencionado globo 8 que asegura está siendo invadido.

“De manera ilegal la inspectora de policía Celinda Bastidas decretó un statu quo y los metió a brava el día 16 julio, y ahora con esa situación ilegal de esa inspectora en su momento estas personas han ocupado esos inmuebles y vienen expandiéndose hasta llegar al punto que al día de hoy ya no han ocupado solamente gran parte del globo 8, sino que ahora están ocupando el globo 9 y pretenden ocupar todos los globos de Lagos de Caujaral y la Alcaldía y la Policía han hecho poco caso a solucionar esta situación y han brillado por su ausencia”, anotó el funcionario.

El representante del club indicó que ya fue presentado ante la estación de Policía una revocatoria de dicho statu quo, desde el primero de agosto, pero este no ha sido resulta.

En medio de la indagación de SEMANA, sobre el pleito de las tierras, precisamente Rubén Blandón Lemos, quien se identificó como representante legal de la Fundación Internacional Humanitaria y apoderado de los campesinos poseedores del predio Bajos del Caney, dio su versión y aseguró que, todos los títulos de presunta propiedad de la Corporación Club Lagos de Caujaral son falsos.

“Los campesinos poseedores del predio denominado, Bajos el Caney, son poseedores legítimos hace más de 15 años, del Globo 8 identificado con la matrícula 040-5896. La Corporación Club Lagos de Caujaral en cabeza del señor Juan Francisco Tadeo Amin Hernández y Sergio del Rosario Espinosa Posada, sin ser los propietarios de este predio, desde el año 2018 hicieron un falso englobe y con base en un predio del municipio de Barranquilla, sacaron otras matrículas con predios del municipio de Puerto Colombia”, dijo Blandón, como defensor de quienes dicen son los propietarios de las tierras.

De acuerdo con su relato a este equipo periodístico, los campesinos poseedores del predio Bajos del Caney cuentan con amparo policivo desde el año 2003 y la Corporación Club Lagos de Caujaral, de manera sistemática “amenaza, persigue y desplaza a los campesinos de su posesión, sin embargo, ellos hasta la presente, conservan la tenencia y posesión del bien inmueble”.

“Es preciso aclarar que en la actualidad cursa en la inspección de Policía Sabanilla-Montecarmelo, dos querellas por la perturbación a la posesión, con lo que queda más que demostrado que no son invasores, sino legítimos poseedores, caso que también se ventila en la Fiscalía General de la Nación, denuncia presentada por los delitos de Desplazamiento forzado, fraude procesal, falsedad material e ideológica, abuso de autoridad, entre otros”, aseveró Rubén Blandón.

Por su parte, Alberto Peña Pérez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, del municipio de Puerto Colombia, quien fue consultado por el tema respondió que, tienen conocimiento de la existencia de “acumulación de querellas policivas” sobre el mencionado predio, cuyo conocimiento está a cargo de la Inspección de Policía de Sabanilla-Montecarmelo y ya se encuentra en etapa de pruebas.

“La acción de la funcionaria es transitoria, mientras se ventila el proceso, será el inspector quien tome la decisión que en derecho corresponda. El proceso que está activo es de una querella policiva por comportamientos contrarios a la convivencia regido por la Ley 1801 de 2016″, dijo el jefe de la oficina jurídica.