Pese a que no hay una denuncia formal ante autoridades competentes, el secretario de Transparencia del actual Gobierno Nacional hizo una denuncia pública por presuntas irregularidades en la venta de las acciones de la empresa Triple A, en Barranquilla, encargada del suministro del servicio de agua, acueducto y alcantarillado de la capital del Atlántico y el departamento en general.
Según Andrés Idárraga, Barranquilla perdió una gran cantidad de dinero con la venta del 82.16 % las acciones de la empresa, avaluadas en $565 mil millones de pesos, cuando paso a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021 mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
De acuerdo con las declaraciones de Idárraga, la ciudad perdió por lo menos 400.000 millones de pesos, puesto que en la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos.
En el momento que se hizo la negociación con presencia del entonces mandatario en la ciudad de Barranquilla, el distrito pasó de tener el 14.5 % de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65 %, y se mantuvo, adicionalmente, el 30 % de regalías sobre el flujo de caja libre.
Lo anterior para el secretario hace parte de una irregularidad pues “ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque eso establece una presunta ilegalidad”.
Adicionalmente, el secretario mencionó que, hubo omisiones en el comité técnico y que a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio, se legalizó que un tercero privado se involucrara en la negociación, por lo que pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía hacer una investigación por “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.
Según información entregada en ese momento por las mismas autoridades locales esa parte de la historia empezó en octubre de 2018 cuando la Fiscalía General de la Nación dictó medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio, de las acciones que poseía en la Triple A, la compañía Inassa.
Las acusaciones del ahora secretario llegaron al punto de asegurar que todo lo ocurrido con la empresa habría sido orquestado por el entonces ministro de hacienda, Juan Manuel Restrepo, del gobierno de Iván Duque.
Y precisamente desde la alcaldía de Barranquilla indicaron en ese momento que a comienzos de ese año el alcalde Jaime Pumarejo pidió el apoyo del presidente de la República, Iván Duque y, con ese concurso, en marzo le propuso a Andrés Alberto Ávila, director de la SAE, un memorando de entendimiento y un acuerdo de confidencialidad para “avanzar en la adquisición”.
La operación se concretó a través de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla, APBAQ, que tiene experiencia como ejecutor de la modernización del alumbrado público con luces led en toda la ciudad, la transición hacia energías renovables, y nuevas apuestas como la empresa de energía solar que generará para todos los edificios públicos de la ciudad.
“Además de estar al servicio de los barranquilleros, con el cuidado de una de las prestaciones más esenciales, la empresa generará recursos para inversión social que harán crecer la equidad y el desarrollo de la ciudad”, señaló Pumarejo. Al mismo tiempo que agradeció al entonces presidente Duque por su respaldo, dijo: “Nuestra idea es que haya un mejor servicio y un cobro justo, desde una empresa eficiente que, inclusive, apueste por otros servicios”.
Después de los señalamientos del secretario de Transparencia la alcaldía local de la ciudad no se ha pronunciado, pero extraoficialmente anotaron que lo harán cuando exista una denuncia ante organismos judiciales.