La defraudación de fluidos, también conocido como el robo de energía, es un delito que incide en la carestía del servicio que se presta en la costa caribe colombiana.

Las pérdidas no técnicas, asociadas al hurto, se cobran en el recibo y es un componente que ha suscitado el rechazo de quienes exigen reducción en las tarifas de energía.

De acuerdo con cifras de Air-e. la empresa está dejando de percibir alrededor de 60 mil millones de pesos al mes por el robo del cableado. Para hacerle frente a este flagelo, se han anunciado mediadas judiciales que están en marcha.

“La idea es hacer unos operativos que sean bastante intensos con el objetivo de erradicar esta costumbre que se ha presentado en algunos sectores de nuestro mercado”, explicó Fermín de la Hoz, gerente legal de Air-e.

La empresa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, adelantan la captura de las personas que se reconectan al servicio de energía de manera ilegal luego de que son suspendidos por las carteras morosas.

Esta conducta constituye también el delito de Defraudación de fluidos consagrado en el artículo 256 del Código Penal, puesto que mediante este mecanismo el usuario se apropia de una energía que la empresa no puede facturar, lo que daría lugar la imposición de penas hasta por 6 años de prisión y multas de hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así mismo, el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana establece en su artículo 92 que la instalación del servicio de energía, sin la previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos, genera una multa de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y suspensión temporal de actividad cuando se trate de establecimientos de comercio.

La compañía informó que en días pasados fue capturado un sujeto identificado como Jhon Jiménez. Al parecer, el hombre fue encontrado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional cuando reconectaba de manera antitécnica el establecimiento comercial denominado Billar Pakistán, ubicado en la carrera 6 con calle 14, barrio Acueducto del Distrito de Riohacha.

Según la empresa, Jiménez pretendía abastecerse del servicio ilegalmente luego de ser suspendido por las deudas.

“La manipulación de cualquier elemento que permita la conexión del servicio de energía eléctrica afecta la calidad del servicio. No solo de la casa, a la cual le están hacienda esta maniobra ilegal, sino a todas las personas que se conectan al circuito”, anotó Fermín de la Hoz.