Este jueves -3 de agosto 2023- el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció la suspensión de los contratos con los operadores de hogares comunitarios para la atención de menores de edad en el departamento del Magdalena por “incumplimiento de obligaciones”.
La decisión, según el informe conocido por este medio, se tomó en el marco un proceso administrativo sancionatorio en el que se visibilizó una afectación grave y directa a la ejecución del contrato, implicando la no atención desde el pasado 7 de de julio a la fecha de 1.980 niños y niñas en 165 unidades de servicio, quienes debían recibir un componente de alimentación correspondiente al 70% de los requerimientos nutricionales diarios, atención en pedagogía, acompañamiento familiar.
“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Magdalena en el marco del proceso administrativo sancionatorio contractual resolvió declarar la caducidad del contrato celebrado con la Fundación para el desarrollo integral sostenible energía vital en el marco este proceso administrativo se logró demostrar que los incumplimientos por parte de la Fundación”, indicó Mario Ariza, director Regional en el Magdalena del ICBF.
Adicionalmente, de acuerdo con la investigación, se evidenciaron retrasos en el pago de las obligaciones al talento humano contratado para la atención de la niñez en las unidades de servicio.
“En el distrito de Santa Marta en 165 unidades de servicio dejaban de recibir ese aporte nutricional y calórico que brinde el Instituto nuestros niños a través de nuestros servicios, además la afectación llevaba a que los niños en la edad de 0 a 5 años no recibieran la educación inicial y las actividades pedagógicas que se desarrollan”, reveló Ariza.
Como consecuencia de esto, se declaró la caducidad del contrato que conlleva a la terminación inmediata del mismo, con los efectos legales que esto implica, y se hizo efectiva una cláusula penal pecuniaria ordenada a la Fundación y a la póliza aseguradora del contrato.
“La Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible Energía Vital podrá ejercer su derecho a la reposición. El ICBF estudia las alternativas técnicas y jurídicas que garanticen lo más pronto posible la continuidad en la prestación del servicio a los niños y niñas”, dice también un documento emitido desde el ICBF.
Por lo pronto y mientras el instituto consigue un nuevo aliado estará suspendida la atención de los menores de edad en los llamados hogares o centros de desarrollo del ICBF en el departamento.
Producción de banano con energía ilegal
En un operativo realizado por la empresa Air-e en el departamento del Magdalena con el acompañamiento de las autoridades, fueron detectadas 7 fincas dedicadas al cultivo y comercialización de banano que operaban con energía instalada de manera ilegal.
De acuerdo con un informe entregado por la compañía que se encarga del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, los siete predios están ubicados en Zona Bananera, específicamente en Aracataca, Riofrío y Sevillano. Tenían transformadores que fueron instalados sin autorización de la compañía. Varios de estos predios no aparecían registrados en el sistema comercial, no solo evadiendo el pago de la energía también el impuesto de alumbrado público y la contribución.
De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 75.000 KWh/mes, es decir, 84 millones de pesos mensuales.
Para el caso de Aracataca, se detectó que la finca Omayra tenía el servicio directo. La finca bananera Por La Mar, tenía un transformador ilegal de 75 kVA y no aparecía registrada en el sistema comercial de la compañía. Asimismo, la finca bananera Las Margaritas tampoco estaba registrada en el sistema comercial de la compañía y tenía un transformador ilegal de 45 kVA.
En Riofrío se encontró la finca bananera Santa Helena con un transformador ilegal de 45 kVA; y la finca La Ilusión con un transformador ilegal de 45 kVA.
Por su parte, en Sevillano, corregimiento de Ciénaga, se encontró la finca Bello Jardín con un transformador ilegal de 75 kVA y sin facturación; y la finca El Molino con un transformador ilegal de 75 kVA sin facturación.
“Esta problemática no solo afecta a la empresa, sino a la calidad del servicio, ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas y afecta a los electrodomésticos. Lamentablemente, roban energía estas fincas que derivan sus ingresos del cultivo de banano, que es un producto de exportación”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.