Desde Barranquilla, durante la XXVIII Asamblea y XX Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se refirió a la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto de Emergencia Económica, Social y Económica en La Guajira.
“Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que existe suficiente infraestructura normativa para que ya todas las instituciones del Estado colombiano, en cabeza del Gobierno nacional, adelanten, ejecuten e implementen todas las políticas públicas que ya están diseñadas”, dijo el funcionario.
Para Camargo, la decisión del alto tribunal era de esperarse, pues, en palabras propias, “esto no son hechos nuevos. Esto es una situación que está lo suficientemente sobrediagnosticada”.
En ese sentido, el defensor explicó que en La Guajira no se necesita un decreto de emergencia, porque ya existen políticas que se deben implementar y, por ende, lanzó un llamado a las entidades e instituciones competentes a propender por la ejecución de las mismas.
“Aquí lo que necesitamos es que haya una articulación entre los distintos niveles de la administración municipal, departamental, y nacional, y que se ejecuten las políticas públicas que ya están diseñadas y que están estructuradas”.
¿Qué hace el defensor del Pueblo en Barranquilla?
Hasta el próximo jueves, 5 de octubre, Barranquilla será epicentro de la XVIII Asamblea General y XXVIII Congreso de la Federación Iberoamericana de OmbusPerson (FIO), encuentro que reunirá a los Defensores del Pueblo e instituciones de derechos humanos de Iberoamérica para analizar el ejercicio de la magistratura moral y su importancia para la democracia, y para la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos.
El evento tendrá tres ejes temáticos. El primero será la discusión sobre cómo prevenir y transformar los conflictos sociales en la región, el segundo tratará los desafíos actuales en torno a la mujer y la perspectiva de género en la construcción democrática, y el tercero se centrará en la discusión sobre la sostenibilidad como eje de la transformación social, el desarrollo inclusivo y el ambiente sano.
“Valoramos la confianza y el reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo desde la Defensoría del Pueblo de Colombia. Estamos listos para recibir a nuestros colegas de las Defensorías de Iberoamérica en nuestro país, y seguiremos brindando el apoyo técnico necesario a las demás instituciones de derechos humanos sobre las buenas prácticas que hemos venido desarrollando. Queremos contribuir al respeto por los derechos de todas las personas en las distintas naciones”, destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Asamblea General y el Congreso de la FIO también servirá para discutir la situación migratoria en los países de la región junto a los Defensores del Pueblo y representantes de instituciones de derechos humanos, y revisar planes de trabajo conjunto para procurar la garantía de los derechos de una población vulnerable que requiere la coordinación de los Estados para abordar sus problemáticas.
“En el ejercicio de la magistratura moral, las Defensorías del Pueblo, con imparcialidad, objetividad y en representación de la pluralidad de la sociedad, somos portavoces de las voces silenciadas y, al mismo tiempo, actores clave en la toma de decisiones que afectan el bienestar de individuos y comunidades. Esta es una responsabilidad que debe ser asumida sin ninguna interferencia, con plena autonomía e independencia”, añadió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En el desarrollo del XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, celebrado en México a finales del año anterior, los 22 miembros de la FIO valoraron de manera unánime la propuesta presentada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. Por esta razón, la Asamblea General decidió que Colombia, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, sea la sede de la Asamblea General este 2023.