Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, desmintieron su participación y autoría en un presunto mensaje amenazante que desde el pasado martes 14 de febrero circula en Santa Marta.
Se trata de un audio en el que se menciona la realización de un supuesto paro armado en el departamento de Magdalena. La información comenzó a difundirse por los diferentes canales digitales y varios comerciantes se llenaron de temor. Por ejemplo, algunos establecimientos comerciales y tiendas, ubicados al sur de la ciudad, amanecieron cerrados ese día.
En atención a lo anterior, la organización armada salió en su defensa y advirtió “que no apoyan ni promueven ningún paro armado, manifestación pacífica o protesta alguna en contra del Gobierno nacional”.
“De lo contrario, nos encontramos toda la organización en general, desde la parte urbana y militar, en acuartelamiento de primer grado, comprometidos con la paz y siguiendo en el trabajo social incansable por las comunidades, a la espera de una respuesta positiva por parte del Gobierno nacional y que, a pesar de que los enemigos de la paz han querido entorpecer el proceso, que la fuerza pública nos persigue y no han respetado el cese a las hostilidades, nosotros seguimos comprometidos con la paz”, se lee en el comunicado.
Incluso, reiteraron que su principal compromiso es apoyar a la población. “A la comunidad en general pueden estar tranquilos que estaremos siempre velando por su seguridad y velando por el desarrollo de la región hasta que Dios así lo quiera”, dijeron en la misiva. También enviaron un mensaje a otros grupos subversivos para que se unieran al proyecto de ‘paz total’.
“A los generadores de violencia en la ciudad, a los fleteros y demás no atenten más con la tranquilidad de nuestras comunidades. Hagamos realidad el sueño que nosotros los campesinos desde la Sierra proclamamos +, que es el sueño de la paz total”, finaliza el comunicado.
La ley de sometimiento para narcos
SEMANA conoció el proyecto de ley que fue enviado al Consejo de Política Criminal con la finalidad de que se expida un concepto antes de radicarlo en el Congreso de la República y pueda avanzar la iniciativa que busca someter a los narcos en Colombia.
Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones” que tiene 20 páginas y 54 artículos en los que están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.
En el documento están consignadas las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.
Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando, haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.
Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra, por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.
Así mismo, se define que estructuras podrán someterse a la justicia y formar parte de la política de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. “Serán las organizaciones criminales de alto impacto, de que trata el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, es decir, las que cumplan las siguientes condiciones: que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
El artículo tercero del proyecto de ley deja claro que no habrá reconocimiento político para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y sus integrantes, por lo que los grupos rebeles, como el ELN, quedan por fuera de esta iniciativa porque ya se adelanta un proceso de paz.