La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita esclarecer el asesinato de un hombre en la troncal del Caribe, es decir, la vía que comunica a la capital de Magdalena con Riohacha y Barranquilla.
La mandataria dio a conocer sobre la remuneración a través de sus redes sociales. “Exigimos justicia y resultados a las autoridades competentes. Dispusimos todo el acompañamiento al caso para su esclarecimiento urgente”, trinó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.
La víctima fue identificada como William Alfredo Rosado Cerra. Trascendió que sobre las 11:30 de la mañana de este jueves, 1.° de diciembre, Rosado Cerra se movilizaba en un vehículo de marca Twingo, de color negro, cuando sicarios en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.
El atentado se registró exactamente en el sector conocido como La Bolivariana, en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.
William Alfredo se desempeñaba como coordinador de una institución educativa en el barrio El Cisne, sur de Santa Marta.
“Hasta 20 millones de recompensa a quien brinde información sobre el asesinato de William Rosado, quien era administrador del Megacolegio Aluna”, indicó Johnson.
La Policía Metropolitana de la ciudad adelanta las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del hecho.
Capturan a mujeres por explotación sexual
Después de una investigación y ante la contundencia probatoria aportada por la Fiscalía General de la Nación, un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento intramural en contra de las tres mujeres procesadas por comercializar droga en el centro de Barranquilla, pero además por ofrecer a los clientes menores de edad para cometer actos sexuales con ellas y obligarlas a consumir estupefacientes.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Sijín de la Policía Nacional y el grupo de Infancia y Adolescencia, logró la judicialización de tres mujeres que integrarían la estructura criminal denominada Los Clientes, y quienes fueron capturadas el pasado lunes 28 de noviembre.
“La investigación dirigida por un fiscal de la Seccional Atlántico reveló que las mujeres, presuntamente, vendían sustancias ilegales y ofrecían a clientes niñas entre los 14 y 17 años para servicios sexuales”, indicó la Fiscalía.
Las víctimas de la red serían niñas entre los 14 y adolescentes de 17 años, y lo más alarmante del caso es que todo el accionar delincuencial de las mujeres se registraba a una cuadra de las instalaciones de la Fiscalía, más exactamente sobre sector de la calle 41 con carrera 41 y sus alrededores, donde se encuentran lugares de lenocinio, bares y hoteles. Allí, supuestamente, realizaban el tráfico de estupefacientes de manera concertada y el proxenetismo con menores de 18 años.
“Se estableció que serían al menos tres las víctimas. Los hechos se registraron desde noviembre de 2021, en el sector del centro de la capital del Atlántico”, mencionó el ente acusador.
Las tres mujeres fueron identificadas como Marilexis del Carmen Ortega Ortega, Mónica Patricia Polanco Martínez y Ana María Ortega Beltrán. “La Fiscalía imputó a las procesadas los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y proxenetismo con menor de edad”, dijeron desde la Fiscalía Genera de la Nación.
Sin embargo, las señaladas no se allanaron a los cargos, pero aun así fueron enviadas a un centro de reclusión.
Según información policial, las jóvenes menores de edad eran sometidas y negociadas para actividades de tipo sexual con clientes consumidores de estupefacientes y es por ello que también dentro de los moteles aledaños al centro de la ciudad, donde las ingresaban, eran obligadas a acompañarlos a consumir sustancias alucinógenas, como marihuana y cocaína que también eran comercializadas por las mujeres.
La mayoría de las víctimas son menores de edad de nacionalidad venezolana que eran ofrecidas en 50 o 100 mil pesos. Cuatro de ellas quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que pudieran ser restablecidos sus derechos.