Un nuevo panfleto amenazante de un supuesto grupo armado circula en Barranquilla, esta vez a través de redes sociales y por cadenas de mensajería instantánea.
Se trata de una imagen de un documento en el que prohíben a la comunidad, después de 10:00 p. m., salir a la calle a disfrutar de las fiestas de Carnaval, que están próximas a iniciar este viernes 10 de febrero.
SEMANA consultó a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la veracidad de este mensaje y después de estudio minucioso por personal de inteligencia, fue descartada su veracidad, asegurando que ese mensaje no es atribuido a ningún grupo delincuencial.
“Luego de un trabajo de verificación de ciertas informaciones que están circulando en redes sociales, nos permitimos informarle a la comunidad que existe un grupo de personas que está difundiendo mensajes intimidatorios con la única finalidad de infundir temor a la ciudadanía”, dijeron desde la MEBAR.
De acuerdo con la información entregada por la misma Policía, de igual forma, se está adelantando rastreos de direcciones IP para determinar la procedencia de los mensajes difundidos recientemente que buscan generar pánico en la ciudad.
Según la policía se trata de un grupo de personas que solo quieren causar temor, “Es por eso que pedimos a la comunidad que se abstenga de difundir video o imágenes de panfletos intimidatorios y no seguirles el juego a quienes pretenden generar inestabilidad”, añadieron las autoridades.
El panfleto, decía estar emitido por el supuesto grupo delincuencial denominado Los Rastrojos Costeños, desde donde ya se han emitido otros panfletos anteriores, ese grupo ilegal serían quienes amedrentan desde hace meses a los comerciantes de la ciudad para el cobro de extorsiones.
“Todo aquel que se encuentre en la calle luego de las 10 de la noche fuera de su casa, rumbeando estos carnavales, va a ser objetivo militar para Los Rastrojos y Costeños. Toda nuestra acción militar va a estar en contra de toda la población civil, hasta que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno”, se lee en el escrito.
Además de eso, en el panfleto aseguran que van a atentar contra quienes se encuentren en establecimientos populares de la ciudad de Barranquilla y el Atlántico.
“No solo vamos a estar en el Atlántico, también se efectuará esta acción en Magdalena, Bolívar, Cesar... Vamos a estar atentando contra la vida de todos los civiles hasta que el Gobierno llegue a un acuerdo. Le recomiendo no salir en estos carnavales”, dice el panfleto.
Incluso mencionan una lista de establecimientos que serían objeto de atentados, entre ellos: “Paila, El Verbenero y Picotero”.
Desde la institución fueron muy enfáticos en las penas o faltas que puede incurrir una persona que se dedique a crear o difundir este tipo de mensajes amenazantes, de terrorismo y que generan pánico en la comunidad, desde multas de altas de sumas de dinero hasta cárcel.
“Recordamos que el artículo 355 del Código Penal colombiano se refiere a que, el que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo, incurrirá en multa”, dijeron desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Así mismo, señalaron que el Código de Procedimiento Penal indica en el artículo 343 que “el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta”.
Las autoridades mencionaron que dentro del mismo código también se precisa si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“En cuanto a las amenazas, en el artículo 347 se estipula que el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dijo la Policía.
Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte, aseveraron las autoridades.
“Les recordamos que estamos haciendo un trabajo planificado que nos ha permitido las capturas de más de 40 personas por diferentes delitos en las últimas 24 horas y que también desarrollamos investigaciones que permitirán impactar a los grupos delictivos”, anotaron desde la MEBAR.
Precisamente, para la seguridad en medio de estas fiestas llegaron a la ciudad hace varios días 1.700 hombres y mujeres de la institución para fortalecer los operativos durante Precarnaval y Carnaval.
Según indicaron desde la Mebar, estas unidades tienen como misión principal brindar seguridad en cada uno de los eventos programados, pero también apoyar al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en cuanto a la vigilancia en sectores específicos.
De igual forma, en la ciudad está operando un grupo de 20 comandos de operaciones especiales, el cual apoya las labores de policía judicial y Gaula como diligencias de allanamiento y registro y las capturas de objetivos de alto valor.
Asimismo, señalaron que desde la noche del 2 de febrero iniciaron patrullajes nocturnos por miembros del Ejército Nacional por las principales calles de la capital del Atlántico y los llamados puntos críticos.
El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, explicó que son un total de 300 hombres y mujeres distribuidos en las cinco localidades, adicionales a los que ya vienen ejerciendo sus funciones de vigilancia en la ciudad, para el registro a personas, verificación de antecedentes, registro de vehículos, controles en establecimientos y reacción, así como apoyo a las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes.
“La Policía Metropolitana de Barranquilla sigue en la lucha contra la delincuencia e implementará acciones para contrarrestar todos los delitos”, dijeron las autoridades.
La situación de extorsión llevó también a que, desde el 11 de enero, se pusiera en marcha una nueva estrategia de seguridad en zonas de comercio con decenas de miembros del Gaula de la Policía.
“La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa trabajando desde distintos frentes con la finalidad de brindarles tranquilidad a los diferentes sectores de Barranquilla y los municipios aledaños. Es así como hizo parte de la mesa de trabajo conjunto con autoridades administrativas departamentales y distritales, así como las Fuerzas Militares y la Fiscalía, en la que se adoptaron nuevas medidas para combatir el delito”, indicaron desde la institución.