Nuevamente los comerciantes en el sur de Barranquilla se encuentran preocupados y atemorizados. Resulta que en la noche del pasado lunes, 6 de marzo, sujetos que transitaban a bordo de una motocicleta por la carrera 21 lanzaron disparos contra la fachada de un establecimiento.
Se trata de Mi Talismán, un local que funciona como bar de música romántica y baladas, ubicado en el barrio San José, exactamente en la carrera 21 con calle 38C.
Luego del ataque, en ese mismo sitio fue encontrado un panfleto con el siguiente mensaje: “Frente de Guerra Ómar Mendoza Pérez, de la organización Los Costeños. Este es un comunicado a los comerciantes, de manera inmediata comunicarse vía WhatsApp. El que no tenga en cuenta este llamado aténgase a las consecuencias. No vamos a tener compasión con nadie que se encuentre en su negocio”.
El atentado continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, se presume que estaría relacionado con el pago de cuotas extorsivas.
Aunque la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado sobre este caso en específico, desde la institución indicaron que agentes adscritos al Gaula realizan acompañamiento a los comerciantes.
“El trabajo no solamente es el de entregar volantes, donde se encuentra la información de los diferentes canales que tenemos para denunciar hechos relacionadas con extorsión, también estamos llegando a cada uno de los negocios, entregando recomendaciones y enseñamos a cómo actuar frente a un posible caso de extorsión”, dijo la Policía.
El acompañamiento institucional se concentra en diferentes puntos focalizados de Barranquilla y su área metropolitana como en los barrios San José, Montes, La Unión, Chiquinquirá, San Roque y sus alrededores.
“Igualmente, contaremos con un número importante de unidades policiales de prevención con el fin de fortalecer los lazos entre Policía y comunidad”, informó la Policía.
Ordenan libertad de La Gata
La jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla le envió, este martes un oficio al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se haga efectivo el fallo que ordenó suspender la condena contra la empresaria del chance, Enilce López Romero, más conocida como La Gata, lo que representa su libertad inmediata.
La decisión va más allá y el juzgado ordenó retirar de forma inmediata al custodio que se encuentra en el lugar de domicilio de López Romero. De no realizarse esta acción, se compulsarán las respectivas copias para que se investigue disciplinaria y penalmente a los funcionarios encargados de dar cumplimiento al fallo.
El juzgado advirtió que el juzgado primero penal del circuito especializado de Cartagena requirió a López Romero por un proceso que data de 2014. Sin embargo, este no puede afectar la orden de libertad, puesto que este proceso judicial fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2018 y, hasta la fecha, no ha sido resuelto por parte de la respectiva Sala.
El pasado 27 de febrero, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas determinó que por su grave estado de salud la empresaria del chance debía recuperar su libertad. “Se debe tener en cuenta que la señora López Romero, por el paso del tiempo ha estado en privación de la libertad, su detrimento en su salud ha sido abismal y exponencial, al punto que, en la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado, y como tal se debe salvaguardar su vida, salud y protección especial su dignidad humana, junto con su muerte digna”, precisa la decisión.
El juzgado señaló que la empresaria ha llevado un proceso de resocialización, prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. López Romero ha estado los últimos años cumpliendo su pena en un centro médico en la capital del Atlántico.
Sin embargo, la orden de libertad se truncó debido a que existía un requerimiento judicial por un proceso relacionado con el homicidio de Nunilia Ester Collazos, registrado el 6 de mayo de 2001 en el municipio de Magangué (Bolívar). Por este asesinato, que habría sido ejecutado por paramilitares, se emitió una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra La Gata mientras se adelanta el juicio en su contra.
En el análisis jurídico del caso, el despacho judicial determinó que la empresaria del chance ya ha estado 17 años de su vida privada de la libertad, puesto que fue detenida en 2006.
Igualmente, concluyó que la decisión que en las condiciones como vive actualmente no existe riesgo de reincidencia en la conducta por la que fue sentenciada.