Con un comunicado aclaratorio, el Departamento de Policía del Atlántico se pronunció este jueves 4 de agosto, luego que la Contraloría General de la República, a través de una auditoria financiera, advirtiera que existe un grave riesgo de detrimento patrimonial por la compra millonaria de drones que después de un año no han sido utilizados.
“En 2021, la Policía Nacional anunció la compra de cinco drones para fortalecer la lucha contra la delincuencia en el departamento del Atlántico. El negocio se hizo por medio del Contrato n.° 2020203287 y así se realizó la adquisición de estos drones por un valor de 1.061 millones de pesos”.
La Contraloría alertó que los dispositivos estarían sin uso en una bodega en Atlántico y que podrían quedar obsoletos por no ponerlos en funcionamiento.
Ante esto, desde el departamento respondieron que han insistido en los permisos correspondientes para poder maniobrarlos, pero que no han obtenido respuesta alguna por parte de las aseguradoras.
“Desde la fecha de recepción de los equipos Siart (Sistemas Aéreo No Tripulado), el año inmediatamente anterior hasta la presente vigencia, se vienen adelantando solicitudes a las diferentes empresas aseguradoras del orden nacional, con el fin de adquirir las pólizas para la operacionalización segura de estos equipos, de las cuales a la fecha no se ha obtenido una respuesta positiva para su adquisición, teniendo en cuenta que no cubren todas las responsabilidades jurídicas derivadas de la operación de los equipos”, señaló la Policía.
Así mismo, anotaron que una vez conocieron el informe de auditoría financiera al mencionado contrato, en el que se advierte que esta situación genera un incumplimiento en cuanto a la destinación de los recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), se pusieron en función de una reunión para remediar lo ocurrido.
“Una vez conocido el hallazgo por parte de la Contraloría General de la Nación, este comando realizó una mesa de trabajo con el Área de Aviación Policial, Oficina de Planeación y Control Interno de la Policía Nacional, con el fin de establecer las acciones para subsanar el hallazgo”, puntualiza el comunicado.
Finalmente, el departamento señaló que incluso “coordinó con la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional la capacitación de cinco operadores en Sistemas Aéreo No Tripulado, la cual se encuentra en desarrollo actualmente en la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz”.
Contratos en la mira
En junio pasado, SEMANA reveló en exclusiva las pruebas que existen sobre las presiones que habría ejercido el general Hoover Penilla, subdirector de la Policía Nacional, en el marco del contrato de un multimillonario proyecto que tenía como objetivo dotar de bodycams a los policías de vigilancia en las principales ciudades de Colombia. La inversión supera los 200.000 millones de pesos.
En varios audios, el oficial intenta frenar la participación de empresas de la China en el proceso de licitación del mencionado contrato. “Ni por el putas me vayan a meter a mí esas cámaras que tienen que ver con chinos”. Se trata justamente de las bodycams, más de 11.000 que se espera comprar en un proyecto de transformación de la Policía, y que por ahora quedó congelado tras presuntas irregularidades en la construcción de la ficha técnica, requisito previo para abrir la licitación.
El proyecto para las bodycams se inició en el Ministerio del Interior mediante el documento Conpes 4064 de 2021. Así se garantizaron los recursos, en total 202.000 millones de pesos, que no se han girado a la espera de completar los estudios técnicos, los mismos que se convirtieron en elementos de prueba de una denuncia que conoció SEMANA.