Al menos cinco personas han sido asesinadas en medio de hechos sicariales en la isla de San Andrés en la última semana, hecho que llevó a las autoridades a militarizar por completo el archipiélago en un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, quienes ahora patrullan junto con la Policía las calles.
La situación es crítica y San Andrés parece estar ahogada en la criminalidad, según cifras de Medicina Legal: los hechos violentos con víctimas mortales han aumentado un 58 % en lo corrido del 2023. Los datos precisan que se han presentado 24 asesinatos, frente a los 14 que se registraron en el mismo periodo del año pasado 2022.
A esta crisis de seguridad se suma la económica de algunos sectores por el bajo porcentaje de turistas que llegan a la isla.
De acuerdo con las autoridades, la situación no obedece a enfrentamientos entre grupos delincuenciales por control de tierras y movimientos ilícitos, como sí ocurre en otras zonas del país, sino a que en su mayoría son venganzas por circunstancias del pasado.
El gobernador de la isla, Everth Hawkins Sjogreen, lanzó un SOS por la isla en el mes de marzo y aseguró que esta situación que hoy aqueja a la comunidad y hasta a las autoridades sucedería.
“Se avecina una crisis social en San Andrés donde no sean atendidas las peticiones que hemos hecho”, dijo el gobernador Hawkins Sjogreen en ese momento, pidiéndole al Gobierno Nacional atender las necesidades de la isla tras la baja cifra de turista de los últimos meses.
Asimismo, desde el Consejo Directivo de Pro Archipiélago, el expresidente de la Cámara de Comercio de San Andrés, Camilo Hernández, envió el mensaje de alerta en su momento ante la crisis de llegada de turistas a la isla. Esta, incluso, se venía presentando desde el pasado año en octubre y se acrecentó este 2023 con la suspensión de Viva Air.
Dijeron que podría generarse a partir de allí otras crisis de carácter económico, laboral y de seguridad, como actualmente sucede en la isla.
De acuerdo con las cifras entregadas por el directivo de Pro Archipiélago, el 90 % o 95 % de la población vive del turismo en la isla y, a falta de visitantes, el trabajo formal y hasta el informal han terminado afectados.
“La economía del archipiélago está muy afectada, ya empezaron varios despidos, el tema social se complica porque se incrementa la inseguridad por falta de trabajo en el sector informal y en cuanto el tema de los ingresos a la isla como tarjeta de turismo, estamos hablando entre 450 y 500 millones de pesos que deja de percibir el departamento”, anotó el directivo.
Para este, es solo la punta del iceberg, las afectaciones del problema se ven mucho más a fondo en cifras de posadas, servicio turísticos y ocupación hotelera, pues esta última, por ejemplo, no supera el 25 %.
“En los alimentos perecederos, por ejemplo, la mayoría vienen por vía aérea y como están limitados los vuelos, pues no hay la misma cantidad; el tema de transporte para remisiones médicas se complica porque no hay cupos. Es una crisis humanitaria de la cual se le ha hecho énfasis al Gobierno nacional por todas las instancias y no se ve ninguna solución”, anotó
Después de esos constantes SOS por el gobierno departamental y por agremiaciones como Pro Archipiélago, el miércoles del 12 de abril del 2023 se anunció que la isla sería declarada zona de fronteras.
El gobernador de la isla, Everth Hawkins Sjogreen, explicó en diálogo a SEMANA en qué consiste el decreto 1073 de 2015 que trata el tema de departamento fronterizo. San Andrés es una isla que limita con siete países, y, por tanto, el departamento debe estar excluido del impuesto global al combustible y del pago del IVA.
Sin embargo, es ahora la inseguridad la que golpea más fuerte a la isla y las soluciones se piden a gritos por parte de los isleños y de los turistas.