Para el próximo 23 de noviembre se ha convocado una masiva marcha de la oposición en todo el país, con el objetivo de expresar el rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Esta movilización pacífica, que ha logrado agrupar a diversos sectores de la oposición, se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos que critican la administración actual, buscando hacer escuchar su voz en un evento que promete tener un gran impacto.
La marcha será liderada por figuras clave de la política nacional, entre ellas Jaime Arizabaleta, quien ha sido uno de los principales promotores de esta jornada de protesta. Según Arizabaleta, la movilización tiene como fin manifestar el descontento de una parte importante de la población frente a lo que consideran un manejo inadecuado de varios asuntos del gobierno.
La convocatoria ha ganado fuerza en diferentes regiones del país, con el apoyo de organizaciones políticas, sociales y ciudadanos que sienten que sus intereses no están siendo representados.
Además, en las últimas horas se sumó a esta convocatoria el senador Carlos Meisel, quien hizo un llamado especial a la comunidad de Barranquilla y a los habitantes de los departamentos de Atlántico y Bolívar, para que se unan a la protesta.
“El Caribe se despierta y se sacude el dolor de tanto abandono”, dijo el senador, quien compartió un video en su cuenta de X, donde se le ve reunido con algunos habitantes barranquilleros y los motiva a salir a marchar.
La polémica por el cobro de valorización en la Vía al Mar, una obra de infraestructura que afecta a miles de residentes en la región, ha sido uno de los temas que ha generado más controversia en la zona.
Por su parte, Meisel ha destacado que este cobro es percibido por muchos como injusto y desproporcionado, afectando el bolsillo de los ciudadanos y generando malestar entre los habitantes de la costa Caribe.
“Un argumento más para marchar el 23 de noviembre contra Petro tiene que ser la valorización entre Barranquilla y Cartagena. Vamos a marchar por la no valorización”, detalló Meisel en el video.
Resistencia al cobro de valorización
A pesar del anuncio realizado tras una reunión entre la ministra de Transporte, María Constanza García, y los representantes del gobierno local de las zonas afectadas, los ánimos en las regiones de Bolívar y Atlántico continúan caldeados.
Durante este encuentro, la ministra explicó que los recursos recaudados por el cobro de valorización se destinarían a financiar proyectos viales 4G en los dos departamentos involucrados, una de las principales obras de infraestructura en desarrollo en la región. Sin embargo, esta explicación no logró aplacar el malestar de muchos ciudadanos, quienes siguen rechazando la medida.
En este contexto, el Ministerio de Transporte salió al paso de las críticas el lunes 4 de noviembre, llevando a cabo lo que denominó una “campaña de pedagogía”, en un intento por aclarar y justificar la legalidad del cobro de valorización.
La entidad aseguró que este mecanismo de financiación no es algo nuevo, sino que es un instrumento legal utilizado en el país desde 1921, bajo una ley aprobada por el Congreso de la República. No obstante, a pesar de su origen histórico, el mecanismo fue suspendido temporalmente en 2003 y no fue reactivado hasta 2016, cuando se retomó en algunos proyectos de infraestructura.
Lo que ha generado controversia en este caso son los decretos emitidos en 2022 y 2023, que reactivaron este modelo de financiamiento para la obra de la Vía al Mar, una de las principales vías de conexión entre el Atlántico y Bolívar. Según el Ministerio, estos decretos están respaldados por la ley y el cobro de valorización “no es ilegal”, como afirman algunos de los opositores a la medida.
Adicionalmente, enfatizaron en que no se trata de un recaudo inequitativo, pues “cobra a quienes tienen capacidad de pago y se excluyen predios de los estratos 1, 2 y 3″, sostuvo el Ministerio. Tampoco es una medida antitécnica y el “cobro está basado en la selección del método de distribución establecido en la ley, además del estudio de capacidad de pago y la determinación del beneficio, y exentos o tratamientos preferenciales”.