El pasado 7 de abril la Corte Suprema de Justicia revivió la condena contra Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe.

La Sala de Casación Penal tumbó la absolución que había emitido el Tribunal Superior de Barranquilla y condenó a cinco años de prisión a Silvia Gette, quien era investigada por el delito de abuso de confianza tras el auto-préstamo de 1.075 millones de dólares, recursos que estaban destinados en 2007 para obras de infraestructura del alma mater cuando ejercía como rectora.

“Movida por la ambición de recibir cuantiosos beneficios a cambio de la inversión, poca importancia le mereció el bienestar de quienes conformaban la comunidad educativa, pese a que fue acogida en un cargo honorario por más de diez años, como lo es la rectoría”, señaló la Corte en la sentencia.

Asimismo, la Sala de Casación Penal indicó que no solo deberá pagar el millón de dólares, multa correspondiente a la apropiación, sino además cinco años de prisión que tendrá que purgar en la cárcel “a la luz de los fines de la pena, resultaría necesario que la acusada purgue la sanción en establecimiento carcelario”.

Sin embargo, Daniel Largacha Torres, abogado de la exrectora y apoderado de la Universidad Autónoma en entrevista con Caracol Radio, señaló que no han sido notificados del traslado de Gette a un centro de reclusión.

“Hasta el momento no hemos recibido una notificación por parte de la Corte Suprema de Justicia o los jueces de ejecución de penas, ni inclusive del Inpec del traslado de Siliva Gette a algún centro de reclusión”, manifestó.

Asimismo, destacó que le interesa que la acusada pague por la sanción tasada por el alto tribunal, que ocasionó daños y perjuicios a la Universidad Autónoma del Caribe, indicando que la corporación necesita recuperar ese dinero.

Largacha Torres añadió que esta semana enviaría un oficio a la Corte Suprema de Justicia por este episodio, pero también preguntando sobre la multa que deberá pagar Silvia Gette a la universidad.

Actualmente, la ciudadana argentina tiene prisión domiciliaria por el delito de soborno, expediente que la señala por el pago de 500 millones de pesos al exparamilitar alias Don Antonio para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Este antiguo hombre de las autodefensas fue absuelto por el delito de falso testimonio.

Roberto Prieto, exgerente de campaña para reelección de Santos, quedó en libertad

Hace unos días, una decisión advirtió que Roberto Prieto quedaría en libertad y la advertencia se cumplió. En pleno Domingo de Resurrección el exgerente de la campaña Santos Presidente 2014, condenado a cinco años de cárcel por corrupción, quedó en libertad.

La condena contra Roberto Prieto lo mantuvo 47 meses, físicos, entre la cárcel La Modelo de Bogotá y la Escuela de Estudios Superiores de la Policía en la localidad de Suba; otros 15 meses los redimió por trabajo y estudio en la cárcel. Su pena llegó a los cinco años luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía por un apéndice de la corrupción en Odebrecht.

Prieto, como gerente de la campaña Santos Presidente 2014, fue investigado tras un millonario aporte de la multinacional Odebrecht a la misma campaña que comandaba, pero el proceso, luego de una compulsa de copias de la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral, quedó en nada, prescribió.

Sin embargo, cuando todo parecía arreglado y Prieto libre de todo pecado, la Fiscalía encontró otra perla judicial. Resultó que el señor Roberto Prieto actuó como intermediario en una millonaria negociación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y una concesionaria para la construcción de un puente en Magdalena.

El contrato se lo ganó quien pagaba los buenos oficios de Prieto ante la ANI y por eso recibió 690 millones de pesos por sus servicios prestados, por traficar con influencias y garantizar el contrato para su empleador, que finalmente reconoció ante la Fiscalía su trabajo como intermediario.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Roberto Prieto usó su reconocimiento y nombre para tramitar ante la ANI la adjudicación del millonario contrato destinado a la construcción del Puente Largo en el municipio de Plato, Magdalena. Se trata de un contrato que se firmó y que se convirtió en una investigación formal.

“El condenado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos Presidente. De la misma manera, se precisó que Prieto se benefició ilícitamente del contrato adjudicado a Yuma Concesionaria el proyecto Ruta del Sol sector 3″, dijo la Fiscalía.

Cuando Prieto fue condenado se incluyó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena, es decir 62 meses que ya se cumplieron, en otras palabras si quiere contratar o ser contratado por el Estado, lo puede hacer sin problemas.

La pena también incluyó el pago de una indemnización al Estado por 877 millones de pesos por el daño causado. Todos esos acápites quedaron consignados en la condena que finalmente se cumplió el pasado 17 de abril cuando se ordenó su libertad, aunque en 2021 la Fiscalía advirtió que haría una nueva imputación en su contra.

La nueva imputación está relacionada con la llamada Ruta del Sol 3, el mismo proceso que tiene en líos al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. La Fiscalía aseguró que haría una nueva imputación a Roberto Prieto por el delito de lavado de activos, su defensa por supuesto rechazó la vinculación a este nuevo proceso.