Un día de plazo tiene la IPS MiRedpara entregarle un informe detallado a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la atención que le entreguen al paciente Jhonny Rambal García, de 53 años, que se encuentra en riesgo por su condición de salud.

De acuerdo con la entidad, la situación que llevó a la imposición de la medida cautelar se originó el pasado 29 de diciembre, cuando al parecer el hombre debió afrontar barreras de acceso para la prestación de la atención médica que requería en la sede Camino Simón Bolívar de la IPS MiRed.

La Supersalud busca con esta decisión que de forma inmediata “dejen de dilatar o negar la prestación de los servicios de salud que requería con urgencia el paciente”, indicaron en un comunicado.

Según la descripción del caso, la IPS estaba condicionando la atención por urgencias a la firma de un pagaré porque el paciente carecía de clasificación socioeconómica, con lo cual no le garantizó la atención con las características legalmente establecidas ni conforme a sus necesidades particulares.

El hombre, de 53 años, no contaba con afiliación a EPS, y debió esperar por varias horas la atención a pesar de tener una presión arterial de 196/132, con dolor fuerte en el pecho y mareo; por lo que requería de valoración y manejo médico inmediato.

La Superintendencia Nacional de Salud, resalta “las acciones de la IPS relacionadas con la atención oportuna, integral y continua de los servicios y tecnologías en salud requeridos, pusieron en riesgo la integridad física y eventualmente, la vida o integridad del paciente”.

En la resolución que ordena la medida cautelar está reseñado que la IPS MiRed Barranquilla presuntamente no quiso atender al usuario, por lo que evaluará el inicio de un posible proceso administrativo sancionatorio.

SuperSalud busca que le den “más dientes” para recuperar deudas sin pagar de EPS liquidadas: son $33 billones

Uno de los grandes dolores de cabeza del sector salud en Colombia han sido las deudas sin pagar que contraen los actores del sistema entre sí.

De hecho, el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán, ha compartido unas cifras astronómicas sobre las deudas por pagar que han dejado algunas de las EPS que fueron retiradas del sistema de salud porque ya no eran sostenibles y ponían en riesgo la salud de sus pacientes afiliados.

Por ello, recordó que las EPS que ya fueron liquidadas quedaron debiendo 27,6 billones de pesos y las que aún están en procesos de liquidación deben 4,5 billones de pesos con las clínicas y los hospitales públicos que atendían a sus pacientes. Si se suman todas las obligaciones que quedaron pendientes, quedan deudas por cerca de 33 billones de pesos.

“La reciente reforma tributaria aprobada en el Congreso no supera los 20 billones de pesos. Si destináramos todos los recursos de la tributaria, quedarían 13 billones de pesos por fuera”, explicó el superintendente durante una rueda de prensa.

Y agregó que ese dinero sin pagar fue “una plata que el sistema perdió”. Aseguró que hubo un desvío de los recursos, no se pagaron las facturas que habían sido radicadas adecuadamente y se pasaron por alto las obligaciones que las empresas liquidadas tenían con otros actores del sistema de salud.

“Por ello nosotros como Superintendencia no podemos quedarnos así de espectadores de aquí en adelante. Estamos en la firme disposición de generar una actuación para superar nuestros roles de inspección y vigilancia y llegar al control. Y ese control tiene que ir acompañado de la búsqueda de los capitales que se fugaron del sistema. Pretendemos, entonces, llegar hasta los dueños de las EPS que se fueron con la plata”, aseguró el superintendente.