Un juez de control de garantías envió a prisión a una mujer y a su pareja sentimental por su presunta responsabilidad en los vejámenes sexuales a una menor en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la madre de la niña, al parecer, la obligó a aceptar los abusos sexuales de su padrastro, durante más de tres años.
“En el curso de la investigación se estableció que tan pronto la menor de edad cumplió 14 años, la mujer le habría exigido que se dejara embarazar. El material de prueba indica que la madre hizo esta petición porque no podía tener más hijos y quería hacerse cargo del bebé junto a su pareja”, indicó el ente acusador.
Teniendo en cuenta lo anterior, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual de la Seccional Bogotá imputó a la mujer los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y proxenetismo.
Entre tanto, a la pareja de la mujer, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
“Los procesados fueron capturados gracias al trabajo articulado realizado por la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá”, concluyó la Fiscalía.
Militares serán investigados disciplinariamente por abuso sexual a una menor indígena
Seis militares serán investigados disciplinariamente por la Procuraduría General por, presuntamente, haber abusado sexualmente de una menor de quince años perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú. Los hechos se habrían presentado en septiembre de 2019 en las instalaciones del batallón ubicado en la vereda de Charras, en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.
Dos suboficiales y seis soldados regulares adscritos al Batallón de Infantería de Selva n.° 19 General José Joaquín País Ricaurte fueron vinculados a la investigación disciplinaria después de cuatro años de la denuncia.
Un procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos adelanta actualmente la recopilación de pruebas documentales y testimoniales con el fin de evaluar la presunta responsabilidad disciplinaria de los militares.
Por su parte, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, ordenó la creación de una comisión extraordinaria que estará conformada por representantes de las procuradurías delegadas para Derechos Humanos, Asuntos Étnicos e Infancia, Adolescencia, Mujer y Familia. Este grupo se trasladará al departamento del Guaviare con el fin de conocer la respuesta institucional a las denuncias presentadas recientemente sobre explotación sexual de menores de edad indígenas en la región.
ICBF creó grupo especial
Frente a las denuncias citadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) conformó una comisión especial de la entidad se desplazó al departamento del Guaviare para verificar la atención que se les brinda a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras vulneraciones.
La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, dio la instrucción para que se adelanten jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente de control, que requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas.
En su acción preventiva, iniciada desde 2021, para velar por la garantía de los derechos fundamentales de esta población indígena, la Procuraduría advirtió que, “si en desarrollo de las investigaciones adelantadas se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos, deberán indicarlo”.
En el documento del Ministerio Público, el ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak, que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso en la niñez de las comunidades Nukak y JIW.