La Contraloría de Bogotá elaboró un estudio sobre los recursos que la Administración Distrital mantiene en fiducias, el cual generó una preocupante alarma para la ciudad que tiene que ver con el abandono de millonarios recursos del distrito capital.

Se trata del más reciente informe elaborado por la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría de Bogotá que puso la lupa sobre millonarios recursos que tiene el Distrito en estos patrimonios autónomos y que han sido constituidos por las distintas administraciones para atender los proyectos de inversión establecidos en sus respectivos Planes de Desarrollo.

De acuerdo con el órgano de control, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), la Caja de Vivienda Popular (CVP) y la Secretaría Distrital del Hábitat, mantienen en 13 fiducias orientadas hacia 13 proyectos de construcción de vivienda (que ya fueron finalizados) recursos por $ 14.314 millones y cerca de $ 1.515 millones en otras 3 fiducias de proyectos declarados no viables, lo que afecta la optimización del uso del patrimonio público y la satisfacción de las necesidades de vivienda que tienen las personas más necesitadas en Bogotá.

Hay millones de pesos en fiducias. Foto: Nathalia Garzón - Revista Dinero | Foto: derechos de autor si

Es decir, según el informe, el Sector de Hábitat tiene $ 15.829 millones abandonados en 16 fiducias (13 de proyectos finalizados y 3 de proyectos declarados no viables).

“El Sector Hábitat tiene 13 proyectos terminados y otros 3 declarados no viables, en los cuales las fiduciarias no han retornado al patrimonio del Distrito más de $ 15.000 millones que sobraron producto de la ejecución de proyectos de vivienda para las familias necesitadas en Bogotá”, explicó la directora de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría, Lina Raquel Rodríguez.

Algunos de los proyectos de vivienda son del año 1993, señala el informe de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.

“A la Contraloría le llama la atención que haya fiducias constituidas en 1993, es decir, hace más de 30 años, y que hoy cuenten con recursos del distrito, aunque los proyectos están terminados”, aseguró Lina Raquel Rodríguez, tras indicar que “además, la Contraloría está revisando con un equipo auditor las posibles consecuencias fiscales o disciplinarias que podría generar el hecho de mantener en fiducias más de $15.000 millones del Distrito que servirían para invertir en viviendas para las familias con mayores necesidades”.

Directora de Estudios de Economía y Política Pública de la Contraloría, Lina Raquel Rodríguez. | Foto: Contraloría de Bogotá

En efecto, el Sector Hábitat, sin explicación alguna, no ha reintegrado al patrimonio distrital el valor $ 15.829′789.669 que corresponde a la suma que aún tienen las Fiduciarias entre los 13 proyectos terminados ($ 14.314′007.926) y los 3 proyectos declarados no viables ($ 1.515′781.743) y que debieron ser devueltos al Distrito Capital con el propósito que se utilicen en otros proyectos para satisfacer las necesidades que los ciudadanos reclaman en materia de vivienda.

La Contraloría de Bogotá hizo un llamado a la supervisión por parte del fideicomitente para asegurar el uso eficiente de los recursos depositados en las fiducias y cumplir así con los objetos sociales determinados desde la constitución de las mismas.

Auditoría conjunta sobre $ 3,8 billones de recursos de educación en Bogotá

Recientemente, el vicecontralor en funciones de contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, y el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, anunciaron una articulación, a través de Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof), para adelantar una acción conjunta y coordinada en el marco de una Auditoría de Cumplimiento a Bogotá D.C., vigencia 2022, actuación que involucra la vigilancia y control fiscal a más de $ 3,8 billones.

Este ejercicio de control fiscal, se presentó desde el colegio Hipotecho Feliza Bursztyn de Bogotá, en presencia de la Secretaría de Educación y alcaldesa mayor (e), Edna Bonilla Sebá.

Vicecontralor en funciones de contralor General, Carlos Mario Zuluaga, y la secretaria de Educación, Edna Bonilla. | Foto: SEMANA

La acción conjunta de las dos contralorías tiene como objeto aunar esfuerzos entre los órganos de control fiscal para validar el alcance, fortalecimiento y optimización de los recursos públicos asignados y ejecutados por el Distrito capital para el sector educativo.

El objetivo de la evaluación es emitir concepto sobre la gestión fiscal de Bogotá en el manejo de los recursos del orden nacional y recursos propios del Distrito capital en el componente Educación (Programa de Alimentación Escolar - PAE e Infraestructura educativa), para la vigencia 2022. Adicionalmente, se revisarán recursos asociados, componentes de cultura, recreación y deporte.

Los primeros resultados de esta acción conjunta se darán a conocer en diciembre de 2023.