La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, logró la captura de 9 personas mediante 7 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín, y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca), desarticulando una peligrosa estructura trasnacional con injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, entre otros, dedicada a la comisión de varios delitos, entre ellos informáticos bajo la modalidad ilegal de préstamos “gota a gota virtual,” la cual afectó a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados.
La Dijín a través de la OCN-Interpol, solicitó la publicación de tres notificaciones azules a la Secretaría General ubicada en Francia, para la localización internacional de tres integrantes de esta estructura, así como la publicación de una notificación morada para dar a conocer esta modalidad cibercriminal a nivel mundial generando una alerta ante los ciudadanos.
Luego, dentro de las labores de Policía Judicial adelantadas, las cuales tuvieron un tiempo de análisis y verificación de información durante 16 meses, los investigadores del Centro Cibernético Policial de la Dijín pudieron conocer que esta organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers. Una vez constituidas legalmente las 14 empresas fraudulentas, crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México, para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store, de acuerdo con el portal web de la Alcaldía de Bogotá.
Una vez estaba conformado este emporio criminal, los integrantes de esta estructura delincuencial crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes llegando a tasas de interés hasta del 60 %, que superan las autorizadas legalmente; sin embargo, ante la incapacidad de pago de las personas, la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y, al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales, y el dinero recolectado era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior.
El proceso investigativo, el cual contó con la participación de peritos contables y en informática forense, también permitió debilitar las finanzas criminales de esta organización, aplicando medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos; entre tanto, dentro de la actividad operativa realizada se logró la incautación de 7.839 elementos materiales probatorios.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial. Sin embargo, hay 9 delitos por los que se les acusa, entre estos: acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.
Extorsión en el sur de Bogotá
Recientemente, la Policía logró la captura de dos individuos involucrados que, además de tener varios antecedentes por otros delitos, fueron detenidos en esta práctica ilegal que afecta a ciudadanos vulnerables. El arresto tuvo lugar en el barrio Fátima, ubicado en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital colombiana.
La trama detrás de esta operación delictiva es intrincada y se ha mantenido en las sombras durante un tiempo. La banda, conformada por estos dos individuos, tejía una red de préstamos informales que dejaba a sus víctimas atrapadas en una espiral de deudas y amenazas. Enfrentaban la elección de cumplir con los exorbitantes pagos y enfrentar intimidaciones o, peor aún, desafiar a los prestamistas y arriesgar represalias físicas.
El modus operandi de la banda era aterradoramente simple. Una vez que sus “clientes” pagaban la deuda inicial del préstamo, caían en una trampa. Los extorsionadores realizaban cobros adicionales excesivos, desafiando toda lógica financiera y ética. Estas víctimas se encontraban en una encrucijada insostenible, con la amenaza constante de violencia si no cumplían con las demandas extorsivas. El barrio Fátima, que debería ser un refugio para sus habitantes, se había convertido en el escenario de una operación criminal que afectaba a la comunidad en su conjunto.
La valentía de una de las víctimas cambió el curso de esta historia. Uno de los tantos individuos afectados en el sector, decidió romper el silencio y denunciar lo que estaba ocurriendo ante el Grupo Antiextorsión y Anti Secuestro (Gaula). Esto desencadenó una operación conjunta que culminó con la captura de los extorsionadores en flagrancia, justo cuando estaban a punto de recibir una suma considerable de dinero (2 millones de pesos) producto de sus amenazas.