La Policía y la Justicia Penal Militar iniciaron las investigaciones para determinar si los policías que participaron de una persecución, donde se ve un presunto abuso policial, incurrieron en dicha conducta, sin embargo, explicaron las autoridades que el conductor del vehículo estaba violando una medida de prisión domiciliaria que le había impuesto un juez de la República.
Sobre el caso dijo el coronel Wilson Barrios Perdomo, Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Bogotá, que, “se presenta una persecución en la localidad de Bosa, donde una persona arrolla con su vehículo a un funcionario de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá, igualmente a dos personas que se movilizan en una motocicleta”.
Asimismo, indicó el mando policial que, “posterior a eso, invade el carril exclusivo de la calzada de TransMilenio, metros más adelante es interceptado por las autoridades. Es de anotar que esta persona es capturada por los delitos de violencia contra servidor público, lesiones personales, daño en bien ajeno y además es capturada por el delito de fuga de presos, ya que tenía una medida domiciliaria”.
Añadió que “esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente. Asimismo, la Policía Nacional, debido a los videos que circulan en redes sociales, abre una investigación disciplinaria”.
Justicia Penal Militar le pone la lupa a posible exceso policial de varios uniformados en Bogotá durante un procedimiento
A través de las redes sociales, está circulando un video en donde se observa a tres policías en igual número de motocicletas persiguiendo un vehículo de color negro con la placa del carro torcida en el parte de adelante. El automóvil se encuentra circulando por el carril exclusivo de TransMilenio.
Tras el llamado de alto de los uniformados, el vehículo se detiene y dos de los policías se bajan de las motos y con su bastón de mando comienza a golpear violentamente los vidrios del vehículo hasta romperlos. Otro de los uniformados rodea el vehículo hasta la parte del copiloto y también rompe los cristales.
En la parte de atrás se observa a otro integrante de la fuerza pública con el arma de dotación desenfundada y apuntando contra el automotor. El policía que estaba por el lado del copiloto agrede a uno de los ocupantes, a quien le propina varios golpes con el bolillo. Al lugar llegaron otros policías para apoyar el operativo policías.
Por su parte, la Justicia Penal Militar frente al actuar de los uniformados dijo que, “funcionarios del Grupo de Investigación Judicial adscritos a esta Fiscalía están realizando actos urgentes, con la finalidad de determinar la veracidad de los hechos y los autores de los mismos. Las acciones del personal activo de la Fuerza Pública que en cumplimiento de sus funciones constitucionales se desvíen o extralimiten, serán investigadas por la Fiscalía General Penal Militar y Policial”.
Hay que mencionar que la Justicia Penal Militar ha tenido un nuevo impulso desde la dirección administrativa y la Fiscalía de la Policía que se encuentran revisando casos e investigaciones bajo un nuevo sistema parecido al que aplica la justicia ordinaria.
En febrero de este año SEMANA conoció que cuatro altos funcionarios, dos jueces y dos fiscales, fueron declarados insubsistentes por sus bajos rendimientos, la falta de gestión hizo que un caso grave llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según indicó a SEMANA el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez.
Según Rodríguez, se evidenció que los funcionarios tenían engavetados los procesos por su falta gestión laboral. “Tenemos que verificar que la justicia sea eficiente y eficaz, y eso significa que se tomen decisiones a tiempo, que no nos demoremos demasiado, si eso no sucede, tenemos que imprimir los remedios que corresponda”, dijo.
Añadió que, “hicimos algunos estudios que nos indicaban que algunas personas no estaban conforme a las expectativas de poner en términos sus decisiones y nos tocó adoptar ese tipo de medidas de declarar insubsistentes a algunas de esas personas que no trabajaban conforme con esas expectativas”.
Así mismo indicó que los afectados con la decisión fueron dos jueces y dos fiscales de instrucción militar, “que en sus despachos estaban asuntos muy demorados, sin trámites por tiempos prolongados, pero además observamos que no acudían a trabajar como se les demanda dentro de los horarios y del régimen que corresponde”.
Frente a este aspecto, Rodríguez explicó que “eran funcionarios que no cumplían su deber de trabajar y de generar los productos que se esperan de ellos (…) venían muy poco, hay personas de las que se sabe que solo venían entre tres y cinco veces al mes a trabajar y así mismo estaban las estadísticas y los procesos, las decisiones no eran razonables, engavetados los expedientes, no se hacían las investigaciones porque los funcionarios no trabajaban como corresponden”.