De manera urgente y para dar solución a la crisis que afecta a la Universidad Nacional por la elección del rector José Ismael Rivera, el Consejo Superior Universitario citó este jueves, 6 de junio a una sesión extraordinaria para abordar este tema que ha generado controversia y mantiene a la institución en paro indefinido.
En el claustro de San Agustín está convocada la reunión para las 8:00 a. m. y la atención está centrada en como la reciente posesión de Laura Quevedo, como representante estudiantil del CSU, podría influir en las decisiones del órgano colegiado.
Y es que la llegada de Quevedo al CSU mueve la balanza a favor del Gobierno, en medio de la tutela fallada a favor del rector Peña aviva el debate y otra en la que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela presentada ante la Rama Judicial, con la que se buscaba tumbar la decisión del Consejo Superior Universitario de designar a Peña como nuevo rector de la Nacional.
La acción de tutela fue presentada por el ciudadano Cristóbal Giuseppe Acosta Camargo, quien acudió a este mecanismo para tutelar el derecho al debido proceso, argumentando que la designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia debía corresponder al candidato Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, quien según el accionante alcanzó una calificación máxima en la primera ronda de la votación en el Consejo Superior Universitario y que las votaciones posteriores en las que fue elegido José Ismael Peña, no tenían validez.
Acosta Camargo pidió al juzgado que dejara sin efectos las resoluciones expedidas por el Consejo Superior Universitario en la que se designó a Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional, para en su lugar, se declare como rector a Leopoldo Alberto Múnera Ruiz.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó los argumentos del accionante y declaró improcedente la acción de tutela.
En medio de este complejo panorama, Quevedo es vista como un factor decisivo, pues ha insistido en la idea de nombrar un rector encargado, a lo que se suman el Ministerio de Educación, y las dos representantes del presidente de la República: María Alejandra Rojas Ordóñez y Nataly Garzón, así como Víctor Manuel Moncayo, el nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).
Y es que los votos favorables al Gobierno y en contra de la rectoría de Peña totalizan cinco, superando a los tres que apoyan la designación del rector: Diego Torres (representante de los profesores), Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) y Verónica Botero (representante del Consejo Académico).
Además de que se necesita un quórum de mínimo cinco consejeros para discutir y votar cualquier decisión, esto porque la falta de cuórum ha impedido la votación para elegir un rector encargado, siguiendo una orden del ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa.
El propio Ismael Peña había solicitado que se tumbara la resolución del Gobierno y que se le ordenara a la Presidencia de la República abstenerse de “violar la autonomía universitaria de la Universidad Nacional”. En la acción precisó que con esta decisión presuntamente se vulneraron algunos derechos fundamentales como al debido proceso, la autonomía universitaria, derecho a la participación y a la igualdad.
El juzgado le dio la razón al accionante y el pasado jueves, 30 de mayo, ordenó dejar sin efectos jurídicos la respectiva resolución del Ministerio de Educación.
“Tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante José Ismael Peña Reyes, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia”, señaló en la decisión.