Aunque las organizaciones meteorológicas separan las lluvias en temporadas, por lo que en Colombia tenemos dos de estos ciclos, el país ha venido sufriendo de más de 24 meses consecutivos de lluvias intensas que, para este segundo semestre del año en curso, hizo que el presidente Petro decretara un Estado de Emergencia por las inclemencias del clima y sus efectos en algunas regiones.
Pues bien, nada más en Cundinamarca y la capital del país durante la última temporada de lluvias se han registrado 206 emergencias, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en las que se han visto afectadas más de 6.000 personas, y dos de ellas han muerto.
Mientras que, en Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) ha informado sobre más de 1.027 emergencias provocadas por las lluvias en la segunda temporada de precipitaciones anuales, mismas que dejan al menos tres personas fallecidas por deslizamientos.
Todo esto es una consecuencia directa, además de la época típica de lluvias, por el fenómeno de La Niña que se encuentra sobre el país desde el año anterior, y que ha provocado desastres naturales, muchos de los cuales no se pueden prevenir, aunque algunos otros provocados a pesar de las advertencias de las instituciones locales.
Ante este panorama, el Idiger en conjunto con la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca han hecho un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta las advertencias para evitar desastres que se pueden prevenir, así como a aprovechar las herramientas y alternativas que ofrecen para salir de las zonas en riesgo.
“Llevamos más de 4.000 procesos de reasentamiento, la Caja de Vivienda Popular de Bogotá ha hecho lo que le corresponde, pero es que la comunidad debe poner de su parte”, indicó el director del Idiger, Guillermo Escobar Castro, haciendo referencia a una de las mayores problemáticas en la capital, los asentamientos en predios con riesgo de deslizamiento.
El alto funcionario recalcó a SEMANA que tras la evaluación técnica de las zonas más afectadas tanto por afluentes como por lluvias, se les entrega una orden de desalojo a las familias que residen en el predio, y en conjunto con esto, también se les indica que pueden seguir un proceso con el Distrito para reubicarse.
Así entonces, desde el Idiger se les ofrece a estas personas afectadas el pago del arriendo en una nueva vivienda por un valor mensual de 700.000 pesos durante los primeros tres meses, con el fin que la persona se aleje de las zonas en riesgo; sumado a esto, la Secretaría de Hábitat ofrece otros tres meses de alquiler a estas familias, porque desde el Distrito se les otorga una ayuda total de seis meses de arriendo.
En medio de estos meses, el Distrito también hace un llamado a las familias que son desalojadas para que comiencen un ahorro en la Caja de Vivienda Popular de Bogotá, entidad en la que se busca estas personas comiencen un ahorro para adquirir casa propia en zonas seguras.
Por su parte, la Cruz Roja ha indicado que dentro de sus servicios en zonas de desastres se encuentra el apoyo a las víctimas con kits de aseo, cocina (elementos para cocinar) y mercados, y aún más relevante, los acompañamientos psicosociales para aquellos que perdieron sus bienes o seres queridos en la emergencia.
En la segunda temporada de lluvias, la Cruz Roja en Cundinamarca ha entregado más de 2.100 kits de ayuda humanitaria, además de haber apoyado en 90 deslizamientos, 77 inundaciones, ocho vendavales, 31 crecientes súbitas, y más de 200 emergencias que se presentaron en el departamento, según datos obtenidos por SEMANA.
El peligro de los tierreros
Una de las afectaciones que más consecuencias ha traído para el Distrito y el departamento en zonas de alto riesgo son los llamados “tierreros” o “urbanizadores piratas”, que serían los responsables de comercializar fraudulentamente los terrenos en zonas de riesgo, o en áreas que ya han sido desalojadas por las autoridades locales.
“Está el fenómeno de los famosos tierreros o de familias que recomercializan los predios aprovechándose de la vulnerabilidad social de muchos inmigrantes extranjeros o internos”, explicó Escobar, haciendo referencia a una de las problemáticas que desde las autoridades se han detectado.
“Entonces, por ejemplo: en Tocaimita, Usme, nosotros hicimos la evacuación en su momento en 2010. Tiempo después, alguien encontró a una familia que necesita vivienda y le dijo: ‘Le tengo el lote y se lo vendo para que el Distrito le solucione la casa’”, continuó el alto funcionario del Idiger.
“Como pasó el invierno y vemos un espacio desocupado, entonces hay quienes se aprovechan de las familias colombianas y llegan los ‘urbanizadores piratas’ o gente que no tiene escrúpulos y les vende a las personas, o les arrienda en zonas de riesgos”, continuó explicando a SEMANA el director general de la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, Gabriel Camargo.
Y añadió: “Nosotros también participamos en el riesgo. Mi consejo es para cuando las familias vayan a comprar vivienda, pues acérquese a los organismos de riesgo, a las Alcaldías, a las unidades de planeación municipal,ellos les pueden decir si están en situación de riesgo o no”, haciendo una clara recomendación a la ciudadanía para que no caiga en estas estafas.
“Porque es que ellos (las víctimas) les entregan sus ahorros a estos ‘urbanizadores piratas’ y se van (tierreros), y le dejan a la ciudad un gran problema… (Las víctimas) Tienen una doble estafa, porque son estados por quienes los convocaron allá y también porque les quitaron su dinero, y ahora ¿cómo se van a reubicar?”, denunció el director de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, recalcando que en muchas ocasiones son los más vulnerables los que terminan cargando con una doble afectación, la pérdida de sus ahorros y las emergencias ambientales.