La vida del dragoneante y líder sindical del Inpec, Cristián Oviedo Mogollón, quien fue capturado por la Fiscalía en julio de este año, por liderar el traslado irregular del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, desde la cárcel La Picota en Bogotá, en donde estaba pagando una condena por homicidio, hasta la casa del exmandatario en la capital de Norte de Santander, corre peligro por cuenta de una polémica decisión judicial tomada en las últimas horas. Así lo denuncia su abogado defensor.
En su momento, la Fiscalía presentó a Oviedo ante un juez de control de garantías para imputarle los cargos por los delitos de prevaricato y cohecho por dar u ofrecer y, posteriormente, bajo la primicia de la colaboración efectiva, Oviedo se convirtió en testigo de la Fiscalía para destapar los hechos de corrupción en el Inpec, principalmente en la cárcel La Picota.
La colaboración de Oviedo con la Fiscalía se está dando en el marco de la investigación por el llamado “cartel de las libertades”, en donde, al parecer, varios funcionarios del Inpec, desde hace años, habrían utilizado su cargo en las oficinas de libertades y domiciliarias, para convertirlas en un millonario negocio.
Precisamente, porque Oviedo Mogollón se convirtió en un testigo clave de la Fiscalía, su abogado defensor pidió al juez que el dragoneante fuera trasladado a una reclusión militar, a un centro de detención de la Policía, es decir, a un lugar diferente en donde no estuviera bajo la vigilancia de guardias del Inpec, a quien él mismo está denunciando, y si bien Oviedo venía estando detenido en la estación de Policía de Los Mártires, en las últimas horas, sorpresivamente, fue expedida una boleta para trasladarlo a un centro del Inpec.
“Cristian, junto con Ramiro Suárez, están colaborando mediante un principio de oportunidad con la Fiscalía, en ese sentido, nosotros, en la audiencia de medida de aseguramiento, le solicitamos al juez que fuera trasladado a un centro de reclusión militar, o de Policía, y el juez, teniendo en cuenta varios argumentos: uno, que como él ya estaba en colaboración con la Fiscalía, iba a hablar en contra de los mismos funcionarios del Inpec, y que si era trasladado a un centro del Inpec, podría correr riesgo su vida, porque hay personas muy peligrosas allá, de las que él va a hablar”, dijo José Moreno, abogado de Oviedo, en diálogo con SEMANA.
El abogado defensor agregó: “Y dos, cuando él era funcionario del Inpec era comisionado de Derechos Humanos en La Picota, y eso lo pone en una situación de mayor riesgo, porque el comisionado es el que ayuda a los reclusos a agilizar ciertos trámites, y no a todos los reclusos Cristian les podía ayudar, y eso ha ocasionado una rencilla con los mismos internos”.
En ese sentido, de acuerdo con Moreno, “el juez había expedido la boleta Cespo, pero Cespo dijo que no tenía cupo, y lo correcto es que direccionen a cualquier otro batallón militar o centro de reclusión de Policía, para que Cristian pueda entrar”.
Sin embargo, según lo denuncia el abogado Moreno, “lo que hizo una teniente de la Policía, fue solicitar al juez coordinador de Paloquemao, el cambio dirigido al Inpec, y una juez, ayer, en horas de la tarde noche, remitió un auto adicionando que iba a enviar a Cristian al Inpec, desconociendo el auto donde un juez había ordenado la dirección a Cespo”.
Es así como Cristian, quien a esta hora (10:30 a. m. permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, podría ser trasladado en cualquier momento, o bien sea a La Picota o a La Modelo.
En consecuencia, Moreno fue tajante en señalar que “ponen a Cristian en riesgo, porque esta semana que viene, él tiene un interrogatorio, en donde va a hablar de todo el tema sindical y de corrupción en La Picota, pero lo quieren callar y tenerlo presionado para que no hable”.
El abogado puntualizó que si algo le sucede a Cristian, la juez será la única responsable, porque en varias ocasiones la defensa ha advertido de los graves riesgos que corre su vida.