En medio del racionamiento de agua que enfrenta la ciudad, la Contraloría distrital dio a conocer los resultados de una auditoría realizada por la Dirección de Servicios Públicos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) de la vigencia 2023 y configuró 17 hallazgos con incidencia fiscal por monto de $22.498 millones.
De acuerdo con el órgano de control, los hallazgos tienen que ver, principalmente, con irregularidades en obras, interventorías, deficiencias en diseños de proyectos, pagos extemporáneos del impuesto predial de inmuebles a nombre de la EAAB durante cinco años y fallas en la cancelación de intereses moratorios derivados de mandatos de pago en procesos judiciales.
“Para la Contraloría, estos millonarios hallazgos por hechos que impactan las finanzas del Acueducto revisten especial importancia, teniendo en cuenta que la ciudad está sorteando problemas con el abastecimiento de agua”, manifestó el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.
Uno de los hallazgos, por $ 7.693 millones, fue determinado por una obra abandonada por el contratista para la construcción de redes locales de acueducto y alcantarillado en la Ciudadela Sucre, en Soacha, la cual terminó siendo asumida directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Otro hallazgo, por $ 5.486 millones, proviene del giro de intereses de mora por el pago extemporáneo del impuesto predial de varios inmuebles de la EAAB en las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2023, explicó el órgano de control distrital.
También se configuró un hallazgo por $ 2.833 millones correspondientes a la no ejecución de la obra de la planta Wiesner por parte del contratista. Un hallazgo más, por $ 2.579, fue por deficiencias en los diseños y diseños elaborados dentro de un contrato cuyo objeto era la Renovación del Sistema Troncal de Alcantarillado Combinado de la SubCuenca Salitre Gravedad y que conllevaron una adición a la obra.
Según lo reveló la Contraloría de Bogotá, los demás hallazgos, que suman unos $ 6.486 millones, se refieren a sanciones por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por presunto aprovechamiento forestal sin contar con los permisos por parte de la autoridad ambiental, pago irregular de anticipos y falta de seguimiento a obras contratadas, entre otros hechos.
Todos estos resultados fueron trasladados por la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, con el fin de que se inicien los Procesos de Responsabilidad Fiscal (PRF) a que haya lugar, para establecer responsables y buscar la recuperación de los recursos públicos