La disputa legal por el servicio de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas en Bogotá continúa al rojo vivo. Se trata de un pleito judicial en medio de la licitación por 4,8 billones de pesos que la administración distrital firmó en el 2018 por un periodo de 8 años, y que hoy sigue amenazando con afectar la tarifa que se les cobra a los ciudadanos.
En el 2018, el Distrito dividió a la ciudad en 5 zonas y el contrato se firmó con igual número de empresas: Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia Bogotá, Bogotá Limpia y Área Limpia.
De este contrato y de los cinco operadores, nació Proceraseo, para recaudar en una bolsa en común el dinero de los pagos de la tarifa del servicio de aseo y, posteriormente, distribuir entre cada operador.
El pleito inició en el 2019, cuando Promoambiental, que está a cargo de todo el borde oriental de la ciudad, alegó que los ingresos que estaba recibiendo eran mucho menores al servicio que estaba prestando.
Fue así como ese año Promoambiental inició un laudo arbitral en contra de la UAESP, buscando una mayor retribución por el servicio de barrido en la ciudad, pero el tribunal de arbitramento falló en su contra, por lo que el operador instauró un nuevo laudo, pero esta vez en contra de Proceraseo, en el cual Promoambiental salió victorioso y en el que se obligó a Proceraseo a pagarle 36.000 millones de pesos como reconocimiento a Promoambiental por el dinero que dejó de recibir entre marzo de 2018 y febrero de 2020.
No obstante, advirtiendo que Promoambiental estaba barriendo muchos más kilómetros que los que se establecen en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS), Proceraseo y los demás operadores de la ciudad, radicaron recurso de anulación y en septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó el laudo, argumentando que los árbitros no podían dirimir en el asunto.
Tras el fallo judicial en su contra, Promoambiental radicó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia con la que buscaba revivir el laudo, pero en enero de este año la Sala Civil del alto tribunal la negó.
Esta semana se vivió un nuevo capítulo. El magistrado Alejandro Linares había presentado ante la Corte Constitucional una solicitud de insistencia para que fuera seleccionada y revisada la tutela de Promoambiental, sin embargo, la Corte decidió no darle estudio.
Pero no todo está dicho en este pleito dado que cuando el Tribunal Superior de Bogotá anuló el laudo, compulsó copias a un juzgado civil en la capital del país para que resolviera la controversia.
“El proceso se encuentra en el Juzgado 14 y lo que nosotros presumimos por contestaciones que le hemos visto al apoderado de Promoambiental, Humberto Sierra, es que quieren que se vincule a la Alcaldía de Bogotá, con lo cual el proceso se llevaría hasta al Consejo de Estado, en donde Sierra es conjuez”, aseguró el gerente de Proceraseo, Alejandro Carranza.
A Carranza le causa curiosidad que en medio de este proceso legal que aún continúa, Promoambiental haya decido hacer algunos cambios al interior de la compañía con la llegada del nuevo Gobierno. “Contrataron a Julio César Ortiz, quien era el abogado de Gustavo Petro cuando lo destituyeron siendo alcalde de Bogotá y quien logró traer a Petro de nuevo a la vida política tras una demanda en la Corte Interamericana (CIDH); y Humberto Sierra era el presidente de la CIDH. Así mismo, contrataron como presidente de la Junta Directiva, a Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer”, señaló Carranza.
Humberto Sierra, por su parte, señaló que el proceso que está en el juzgado civil es el mismo que fue ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, pero el cual puede tardar años en resolverse y que “en Promoambiental ya no tenemos ninguna acción judicial por tomar, ni vamos a iniciar ningún otro proceso”.
Frente a los cuestionamientos de Carranza por los cambios en la Junta Directiva, Sierra afirmó que “toca entrar a mirar entonces los miembros de junta de todos los operadores, y muy seguramente serán ex ministros de este o de otros gobiernos”.
Ahora, a la par que avanza este pleito judicial, la vicefiscal Martha Mancera tiene en su despacho una denuncia penal en contra de Promoambiental, instaurada por Carranza, porque presuntamente este operador está cobrando por un servicio de barrido que no se presta en las cantidades y tarifas establecidas. Es así como en este millonario pleito aún no se ha dicho la última palabra.