El Ministerio de Vivienda y la Administración Distrital, a través de la Secretaría del Hábitat, firmaron por primera vez un acuerdo de inversión pública que permitirá desarrollar 448 mejoramientos de vivienda en la localidad de Usme, con una inversión de $9 mil millones de pesos, aportados equitativamente por las dos entidades.

Los mejoramientos de vivienda se realizarán, específicamente, en los barrios Villa Hermosa, Sierra Monera, Casa Loma, San Felipe, Altos del Pino y El Bosque, donde más de 1.200 personas serán favorecidas con este convenio, resaltando que el 64 % de los hogares cuentan con jefatura femenina.

El programa, que tiene como objetivo realizar mejoras locativas en las viviendas de las familias que no cuentan con los recursos para intervenirlas, se materializa gracias a un subsidio otorgado en especie, por una sola vez, con el fin de reducir las deficiencias de salubridad, sanitarias y de calidad de la vivienda.

El proceso consiste en desarrollar reparaciones o mejoras locativas asociadas a la habitabilidad de la vivienda o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchape de muros y pisos, remplazo o instalación de redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, entre otras relacionadas con el saneamiento básico de la vivienda.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, señaló que “el Gobierno Nacional y el Distrital conforman un equipo imbatible, que trabaja para el mejoramiento de las viviendas de más familias, a través de la intervención de baños, cocinas, pisos y techos, entre otros. Una transformación para el bienestar de estos hogares, que es realmente importante”.

Por su parte, la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, indicó: “Sabemos que muchas familias no tienen la posibilidad de reunir el dinero suficiente para mejorar locativamente sus inmuebles, así que valoramos el aporte del Gobierno Nacional, que nos permitirá profundizar los resultados del programa de mejoramiento de vivienda, que a la fecha ha beneficiado a más de 3 mil hogares en la actual administración”.

Vivienda VIS en Bogotá: ¿habrá menos para el otro año?

En Bogotá y Cundinamarca, la última encuesta de Camacol a los hogares, para determinar la demanda potencial de espacios de vivienda y no habitacionales para 2023 en la región, destacó que el 52 % de los bogotanos piensa en comprar vivienda para 2023 y que un tercio de los cundinamarqueses tienen los mismos planes.

Sin embargo, desde el gremio de la construcción se ha alertado que las condiciones para la compra de vivienda en la capital pueden verse afectadas por la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque cambia las medidas mínimas de la vivienda, pasando de 30 a 42 metros cuadrados y, en general, busca que la ciudad no siga creciendo en periferia, sino que se densifique hacia el centro.

Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, contó sus preocupaciones sobre los temas que ponen en vilo la construcción y venta de vivienda en la ciudad, de los cuales, alertó al distrito y no han sido tomados en cuenta. De hecho, aunque la aplicación del POT de Bogotá fue suspendida por varios meses tras una demanda que cuestionaba la legalidad y validez de su adopción, este asunto no fue discutido ni modificado.

“Tener que asumir el incremento en el costo del suelo, derivado de la combinación entre un aumento excesivo de cargas, incremento de la demanda y poca disponibilidad de suelo. Esto, aunque por supuesto afecta la construcción, tiene un impacto mucho más grave en la calidad de vida de los bogotanos, porque va a afectar en la generación de los productos inmobiliarios”, indicó Callejas.

La producción de viviendas es posible que baje, especialmente las VIS y VIP, que son las más apetecidas por el mercado. Estas viviendas son, además, las de más bajo costo y cuentan con impulsos a la construcción, como la devolución del IVA por compra de materiales que se empleen para el desarrollo de estos proyectos.

Las consecuencias de esa posible baja en la construcción son diversas. Por ejemplo, con menos ventas de vivienda, también hay menos cobros de impuesto predial, menor construcción de vías y espacio público, menor asignación de subsidios, etc. De hecho, ese desincentivo a la construcción en Bogotá puede significar un nuevo boom de vivienda en la región, en municipios como Soacha, Chía y Cajicá, en donde se han presentado problemas por falta de planeación en vías de acceso, acueducto y hasta redes eléctricas.

Además, el hecho de que la administración intervenga el tamaño y la forma de las viviendas de mayor acceso, “solo hará que los hogares tengan menos opciones y busquen soluciones en los municipios cercanos o, peor aún, en la informalidad, con todos los problemas que esta trae para la generación de espacio público de calidad”, dijo el gerente de Camacol.