El proyecto de construcción y operación de nuevas instalaciones en el Hospital San Juan de Dios ha estado marcado por una serie de intervenciones y disputas legales que han obstaculizado su avance. En marzo de 2024, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una demanda contra la intervención forzosa administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, entidad encargada de la administración del hospital.
La demanda de FEDe. Colombia busca proteger la autonomía administrativa de Bogotá y garantizar un proceso justo, señalando que la intervención violó la autonomía de la ciudad, se basó en motivaciones falsas y fue desproporcionada. Según la ley aplicable, existen medidas preventivas como la vigilancia especial, la recapitalización y programas de recuperación, que deberían haberse aplicado antes de llegar a la toma de posesión, pero no se utilizaron en este caso.
Esta demanda fue admitida por el Consejo de Estado y está a la espera de una decisión definitiva. “Encontramos que la medida de la Superintendencia carece de un análisis exhaustivo de los diferentes frentes de la entidad de salud intervenida, como la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura, y de un soporte probatorio que fundamenta la intervención. La resolución no solo infringe el ordenamiento jurídico, sino que deriva en una afectación directa a la atención en salud de los usuarios de la Subred que de forma prevalente pertenecen al régimen subsidiado”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de FEDe. Colombia.
La entidad recordó que en agosto de este año, sumado a la intervención forzosa de la SuperSalud, la Subred, bajo la administración de un agente interventor designado por el Gobierno, decidió terminar unilateralmente el contrato de construcción y operación con la empresa Copasa, generando una nueva disputa legal. Esta compañía había ganado la licitación para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación del Hospital San Juan de Dios.
FEDe. Colombia señaló que la intervención de la Subred y la reciente terminación unilateral del contrato con Copasa han generado importantes riesgos legales y financieros. La Fundación para el Estado de Derecho precisó que la decisión de finalizar el contrato se tomó bajo la administración de un agente interventor nombrado por el Gobierno, y Copasa ha respondido iniciando un arbitraje internacional.
“La compensación que Copasa busca es millonaria, lo que representa un riesgo financiero significativo y catastrófico para la Subred y las finanzas públicas de Bogotá. Además, la incertidumbre en torno a la modernización del Hospital San Juan de Dios plantea un serio riesgo para la infraestructura de salud y para los pacientes que dependen de sus servicios”, afirmó FEDe. Colombia en su pronunciamiento.
Se espera ahora la decisión del Consejo de Estado sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la intervención presentada por FEDe. Colombia.
“Una decisión favorable podría influir positivamente en la continuación del proyecto del Hospital San Juan de Dios”, concluyó la Fundación para el Estado de Derecho.