La Secretaría de Gobierno denunció que este viernes 16 de agosto se registró una situación inadmisible en el Parque Nacional. Durante uno de los recorridos de la estrategia móvil 24/7, el Gobierno Distrital detectó a las 11:00 a. m. que en el perímetro del parque cinco personas fueron llevadas al cepo para ser castigadas.
Al identificarlas, se trataba de menores de edad, entre los 12 y 17 años, incluyendo a una menor embarazada. La comunidad tenía previsto prolongar el castigo hasta las 6:00 p. m.
Este no es el primer incidente relacionado con el uso del cepo. El pasado 24 de julio se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el uso ilegal de este mecanismo contra un habitante de calle. El 14 de agosto se amplió la denuncia identificando los presuntos responsables. Además, el 18 de julio, la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, gestionó la entrega de dos de los cepos en poder de la comunidad como un acto de confianza para prevenir situaciones de esta naturaleza.
En diferentes espacios de diálogo con la comunidad, la administración ha sido concluyente en que este mecanismo no está permitido y su uso no es tolerado, invitando a resolver los conflictos a través del diálogo, los mecanismos legales y el acompañamiento permanente que las entidades brindan a la comunidad.
“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo el alcalde Carlos Fernando Galán en un pronunciamiento en su cuenta de X.
La Alcaldía de Bogotá ha sido enfática y contundente en que no tolerará situaciones donde se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes de la comunidad, ni permitirá el uso ilegal del cepo, pues, como se ha insistido, en el Parque Nacional no se cumplen las condiciones necesarias para aplicar la jurisdicción indígena. Ante estos hechos, se ampliarán las denuncias que se vienen adelantando ante la Fiscalía General de la Nación por usurpación de funciones públicas.
El Distrito insiste en solicitar una medida cautelar que permita retirar el cepo y prevenir el uso de este mecanismo ilegal de castigo. Además, se solicitará al Ministerio Público una agencia especial que les permita actuar en el proceso penal para darle impulso y evitar activamente estas situaciones.