“No solamente no vamos a hacer la ALO Norte, sino que queremos restaurar y reforestar la reserva Thomas van der Hammen. Donde iba a haber cemento vamos a sembrar árboles”. Con esas palabras, en enero de 2020 la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que en su administración no se iba a construir la Avenida Longitudinal de Occidente en el tramo norte, a pesar de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ya había adquirido, años atrás, diferentes predios para la construcción de ese corredor vial.
Su anuncio fue ratificado en el POT que emitió por decreto, en el que se eliminó de tajo esa vía. En contrapartida, se establecieron 25 actuaciones estratégicas, definidas como intervenciones urbanas integrales en lugares específicos de la ciudad, y una de esas actuaciones, llamada Ciudadela Educativa y del Cuidado, fue diseñada en Suba, entre el humedal Juan Amarillo y La Conejera, precisamente en las áreas remanentes de la ALO.
El plan de López fue construir en los predios destinados para la ALO Norte más de 9.000 viviendas, además de equipamientos sociales. Con eso buscó sepultar la autopista de diez carriles proyectada para desbloquear esa zona del norte de la ciudad.
En 2023, el Distrito inició la estructuración de la Ciudadela del Cuidado. En el último trimestre del año, en una carrera contrarreloj, la Empresa de Renovación Urbana (RenoBo), por directrices del Palacio Liévano, presionó a sus funcionarios para que antes de que terminara la Alcaldía López se firmara el contrato.
Se adjudicó el 22 de diciembre, a nueve días de culminar el periodo de López. Sin embargo, el proceso puso en apuros a la administración de Carlos Fernando Galán. Fuentes de RenoBo le explicaron a SEMANA que, a la hora de publicar los estudios previos en el Secop, Planeación no había expedido el decreto que reglamentaba los lineamientos para que RenoBo fuera el operador urbano. Tampoco se había emitido el decreto que adoptaba la actuación estratégica de Ciudadela del Cuidado. Es decir, el proceso comenzó sin los soportes jurídicos necesarios.
SEMANA tuvo acceso a comunicaciones enviadas por la Procuraduría a RenoBo en las que se alertan los vacíos en la modificación de adendas, incluso el mismo día en el que se cerró el proceso, lo que implica un plazo insuficiente para elaborar propuestas por parte de los interesados.
El organismo de control también advierte que es crítica la disponibilidad predial, toda vez que en el área de intervención hay predios en proceso de transferencia del IDU a RenoBo (los predios de la ALO Norte), otros de propiedad de particulares, unos más que cuentan con concesiones hechas por Movilidad a terceros y predios que presentan ocupación irregular (invasiones).
Algunos procesos de adquisición predial ni siquiera han comenzado, lo que aumenta el nivel del riesgo que impide la ejecución del contrato. A juicio de la Procuraduría, esto puede llevar a posibles litigios con el desarrollador del proyecto, en este caso la constructora Las Galias.
La crítica situación de la gestión predial toma relevancia si se tiene en cuenta que hay un tribunal de arbitramento entre Las Galias y el Distrito por el mismo tema, relacionado con el plan parcial San Bernardo-Tercer Milenio. Así las cosas, la historia se podría repetir.
Estas posibles irregularidades llevaron a Galán a acoger el llamado de la Procuraduría y suspender el contrato. Como lo advierte el órgano de control, en los negocios jurídicos “no puede haber lugar a la improvisación”, pero en la administración López con la Ciudadela del Cuidado habría ocurrido lo contrario.