La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP abrió la convocatoria para que las asociaciones de recicladores que están inscritas en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores - RUOR -participen en la tercera versión del Programa de Incentivos 2023. Se entregarán $980 millones para financiar proyectos de economía circular.
El proceso de preinscripción se extenderá hasta el próximo jueves 17 de agosto de 2023. Las organizaciones que participen pueden solicitar, si lo necesitan, el acompañamiento de los profesionales de la Subdirección de Aprovechamiento de la entidad para la estructuración de sus proyectos. El correo institucional uaesp@uaesp.gov.co está habilitado para este proceso.
En las anteriores versiones, la entidad entregó $1.300 millones a más de 60 organizaciones, las cuales han fortalecido y tecnificado sus procesos y optimizado los tiempos de aprovechamiento y tratamiento de residuos como cartón, papel, plástico, vidrio y metales.
El Programa de Incentivos se suma a otras acciones adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos con el propósito de fortalecer a los recicladores de Bogotá, como la entrega de uniformes y overoles, kits de maquinarias, herramientas ofimáticas y los encuentros para mujeres recicladoras de la capital.
SuperServicios presentó una preocupante radiografía del reciclaje en Colombia
Recientemente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió una alerta sobre los resultados insatisfactorios de la política de fomento del aprovechamiento de residuos y la formalización de los recicladores de oficio en Colombia.
Según el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, esta política diseñada para fortalecer y dignificar el trabajo de los recicladores no ha alcanzado los resultados esperados y requiere una revisión y ajustes urgentes.
De los 1.123 municipios del país, únicamente en 285 (25 %) se lleva a cabo la actividad de aprovechamiento asociada al servicio público de aseo, lo que revela una situación preocupante en términos de reciclaje y gestión de residuos.
La política contenida en el Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio buscaba fomentar la formación de organizaciones de recicladores, encargadas de recolectar, transportar, pesar y comercializar el material aprovechable en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Sin embargo, se ha identificado que algunas de estas estaciones no cumplen con los requisitos y no cuentan con una base social adecuada, convirtiéndose en bodegas tradicionales de compra y venta de chatarra.
“La idea inicial fue fomentar organizaciones de recicladores, encargadas de recoger y transportar el material aprovechable, pesarlo y comercializarlo en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), pero hemos identificado que algunas de estas estaciones son bodegas tradicionales de compra y venta de chatarra que aprovecharon la oferta institucional para ocupar este lugar, sin cumplir con los requisitos y sin contar con la base social”, explicó este funcionario.
La Superintendencia ha detectado que algunas asociaciones de papel están apropiándose indebidamente del dinero del servicio de aprovechamiento. Se están inflando los informes de material aprovechable, lo que incrementa el costo para los usuarios en las tarifas del servicio de aseo, y se está utilizando el trabajo de los recicladores en beneficio de intereses privados. Las cifras en Bogotá reflejan esta problemática.
A pesar de que la ciudad produce aproximadamente 3 millones de toneladas de residuos al año, solo se aprovecha un 42 % de este material, según los registros del Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios. Esto significa que el relleno sanitario de Doña Juana recibe menos de los 2.2 millones de toneladas que recibió en el año 2021.
Ante estos hallazgos, la Superservicios ha iniciado acciones especiales de inspección, incluyendo visitas técnicas a las ECA para verificar su capacidad real de almacenamiento, los recorridos realizados por los recicladores y quiénes están comprando el material. Además, se llevará a cabo un intercambio de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para determinar si los intermediarios están o no formalizados en aspectos tributarios.