Luego de varios inconvenientes en la ejecución del proyecto, “la construcción de la torre II del Hospital de Kennedy es una realidad”, asegura la Contraloría de Bogotá.
Así se pudo evidenciar luego de una visita de seguimiento y verificación liderada por el contralor auxiliar, Carlos Acuña, donde se confirmó un avance físico de la obra cercano al 98 %.
La obra, que estuvo paralizada durante más de 12 años, está a punto de ser entregada a la comunidad gracias a la superación de problemas en los diseños iniciales del proyecto, factores climáticos y la influencia de la pandemia, entre otros aspectos.
“Esta obra está en la lupa del control fiscal desde hace muchos años, pero como nuestro control es posterior y selectivo, seguiremos adelantando las auditorías necesarias para verificar si durante el proceso de construcción existieron irregularidades y daño al patrimonio público de la ciudad”, señaló el contralor Acuña.
De acuerdo con la Contraloría Distrital, la construcción, que se demoró más de 13 años, pasó de costar $32.000 millones a más de $98.000 millones. La obra también registró siete prórrogas, tres adiciones presupuestales y una suspensión por temas de pandemia.
Desde la Contraloría de Bogotá, también “se adelantaron cinco mesas de seguimiento y tres visitas de verificación a este nuevo contrato, con el fin de la administración realizara los ajustes necesarios para que la obra llegara a final término y se beneficien lo más pronto posible cerca de 460.000 personas del sur de la capital”.
Alcaldías tienen millonarias obligaciones por pagar
Por otra parte, en otra actuación de la Contraloría de Bogotá, el órgano de control reveló que las alcaldías locales tienen obligaciones por pagar por $566.000 millones y en algunos casos requieren hasta de un 50% de su presupuesto anual para el pago de compromisos acumulados, lo que impediría que se cumplan las metas plasmadas en los Planes de Desarrollo.
Es por ello que el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, y el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, firmaron un pacto de transparencia dirigido a fortalecer la gestión administrativa en los 20 Fondos de Desarrollo Local (FDL), para que estos puedan depurar las obligaciones que tienen por pagar entre las vigencias 2017-2021.
La cartera por pagar en las veinte alcaldías locales se deriva, principalmente, de contratos suscritos para obras públicas, actividades con las comunidades, prestación de servicios de apoyo y, en general, en gastos de funcionamiento e inversión, entre otros asuntos.
Durante la suscripción del pacto, el jefe del organismo de control indicó que “no podemos seguir en el círculo vicioso de tener, todos los semestres, hallazgos administrativos por las obligaciones por pagar”, por lo cual subrayó que “para nosotros es mejor prevenir que lamentar cuando de recursos públicos se trata y a esto le estamos apuntando y este es un ejemplo de lo que hemos venido implementando en los diferentes sectores”.
Por su parte, el secretario Felipe Jiménez precisó que en Bogotá se tienen problemas en 19 de las 20 alcaldías locales, motivo por el cual la Administración creó la Junta de Infraestructura, dependencia que cada 15 días revisa la evolución de las obligaciones por pagar de cada uno de los Fondos de Desarrollo Local.
“Esta es una acción para seguir fortaleciendo las buenas prácticas en los fondos locales y depurar las obligaciones pendientes”, precisó el alto funcionario del Distrito.