El 28 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asistió al debate de control político, citada por la Comisión Quinta del Senado. En esta, aprovechó para lanzarle una pulla al contratista del relleno de Doña Juana.
Frente a los senadores, la alcaldesa expuso los incumplimientos del Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana (CGR), en el marco del desarrollo del contrato de concesión 344 de 2010. En su intervención, López señaló que “después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.
Es por eso que la alcaldesa indicó que en su administración no se pagará un peso a los contratistas incumplidos, debido a que esto es un tema de ética y derechos. “No pagaremos un solo peso más a un contratista incumplido”, sostuvo.
En su intervención, López afirmó que la CGR no cumplió su contrato y, a pesar de tener un fallo en su contra, en 2019 volvió a demandar al Distrito solicitando dinero.
Por otro lado, también indicó que el Distrito ha recurrido a un equipo experto para afrontar el proceso jurídico, con el propósito de no permitir que la ciudadanía sea estafada. “El 11 de abril se decidirá la vida, los derechos y el bolsillo de los bogotanos”, explicó la alcaldesa, tras conocer que el Tribunal de Arbitramiento aplazó la decisión del fallo.
Con respecto a esta decisión, López indicó que ya se solicitó dar por terminado el contrato ante el incumplimiento. Sumado a ello, recordó que la Procuraduría ya emitió un pronunciamiento imparcial, la cual respalda a las solicitudes del Distrito. También indicó que le están pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la licencia ambiental para reorganizar el predio del relleno sanitario como parque de innovación tecnológica.
“Nos estamos preparando institucionalmente para establecer acuerdos mixtos para no volver a quedar solamente en manos de privados. Por eso nos estamos reorganizando con la UAESP y Aguas de Bogotá para acometer esa prestación del servicio”, recalcó la alcaldesa.
Aparte de López, también estuvo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien afirmó que este es un negocio para el operador, el cual no beneficia a la ciudad, dado que no respeta los derechos ambientales de los ciudadanos. Por lo tanto, señaló que se realizará un seguimiento sistemático a los 24 procesos sancionatorios contra el consorcio.
Es por eso que, Muhamad indicó que se enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento actual en Doña Juana. “Las autoridades ambientales no nos vamos a quedar observando cómo se viola flagrantemente la norma ambiental y cómo se pone en riesgo el ambiente”, afirmó. En ese orden de ideas, la alcaldesa también solicitó que en los debates del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se tome en cuenta la regulación de los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos.
“No cumplieron el objeto del contrato, tampoco el fallo de 2018, y la administración distrital que tiene un fallo a su favor no lo conminó con todo a que cumpliera, y entonces nos vuelven a demandar por un fallo que ya perdieron, disfrazado con otra retórica, diciendo de nuevo que, si cumplieron y que el Distrito debe hacer un pago retroactivo, y ahora dicen que les debemos 1,2 billones de pesos”, indicó la alcaldesa.