Al alto hacinamiento que se vive en las estaciones de policía y URI de Bogotá, que hoy supera el 256 %, y que ha sido denunciado por la Personería de Bogotá desde hace varios meses, se suma un nuevo componente, la posible existencia de rentas criminales dentro de estos espacios que ponen en riesgo la vida e integridad física, no solo de los privados de la libertad, sino también de los miembros de la policía que ejercen labores de custodia y cuidado.
Durante los años 2022 y lo corrido de 2023, el Ministerio Público distrital ha registrado 66 casos de amenazas contra la vida e integridad física, agresiones físicas y extorsiones contra población privada de la libertad, personal custodio o las familias de los internos.
Para la Personería de Bogotá es preocupante la situación que se vienen presentando en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde producto de las visitas administrativas realizadas por el ente de control, algunos de los privados de la libertad impidieron en algunos casos continuar con la labor para la garantía de los derechos humanos por parte de la entidad, intimidando a los funcionarios que realizaban la inspección.
En similares circunstancias, estas posibles gobernanzas criminales, se vienen posicionando en las estaciones de policía como Bosa, donde se han recibido cuatro denuncias: Kennedy con 3, Ciudad Bolívar con 2; y Santa Fe, Rafael Uribe, al igual que Fontibón con una denuncia cada una.
Cabe destacar el caso de una agresión con arma blanca contra un privado de la libertad, quien resultó herido en uno de sus glúteos con la excusa de no haber pagado una extorsión. Igualmente, otro privado de la libertad fue amenazado por contribuir con la justicia frente al esclarecimiento de recientes hechos en los que falleció un detenido en la estación de policía de Suba.
La Personería conoció además denuncias por la retención de documentos de identidad por parte de otros privados por la libertad, denominados “plumas”, con la finalidad de que sus familias envíen dineros a números pertenecientes a bolsillos financieros de algunas aplicaciones móviles.
En las visitas administrativas realizadas a las 19 estaciones de policía y a la URI de Puente Aranda, durante los meses de marzo y abril, se evidenció, también, la ausencia de atención integral, diferencial e interseccional en salud para los detenidos con alguna diversidad funcional, así como población extranjera. Todas estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.
Fuerte respuesta de Alcaldía de Bogotá a Minjusticia: es por las “excusas” del Gobierno que hacinamiento e impunidad “siguen creciendo”
Un verdadero revuelo causaron en el Gobierno nacional las declaraciones que entregó recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el marco del lanzamiento del nuevo comando élite multicrimen para combatir las estructuras delincuenciales en la capital del país.
En una arremetida, no solo en contra del Gobierno nacional, sino también en contra del presidente Gustavo Petro por el fracaso del cese al fuego, la mandataria distrital aprovechó para culpar al Ministerio de Justicia del hacinamiento que hay en las URIS y las estaciones de Policía en la ciudad e indicó que el Gobierno engaña a la Corte Constitucional.
“Le hago un llamado a este Gobierno nacional de que no perpetúe la política de trampa que venía desde el gobierno anterior, a los señores magistrados de la Corte Constitucional los están engañando desde el Ministerio de Justicia, les dicen que están cumpliendo la sentencia de deshacinamiento de las cárceles, pero la están cumpliendo a costa de dejar a los criminales libres y atracando a los ciudadanos o a costa de hacinar deliberadamente porque no reciben los presos de las URI y las estaciones, eso es trampa”, fueron las palabras de la alcaldesa.
Ante esas declaraciones, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a cuestionar lo dicho por la alcaldesa López y tildó de “inaceptable” la acusación de la mandataria distrital.
“Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa, jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa; esas palabras fuertes no corresponden a ninguna realidad”, indicó el ministro en un principio, en diálogo con Caracol Radio.
No obstante, el funcionario sí reconoció que hay un problema de hacinamiento en el país. “En las cárceles nacionales, en las municipales, en todas, porque hay más personas detenidas de los cupos que tenemos”, sostuvo.
La Secretaría Distrital de Seguridad en Bogotá no dudó en responderle al ministro de Justicia y señaló que es por las “excusas” del Gobierno, que el hacinamiento y la impunidad “siguen creciendo”.
La Secretaría contextualizó que “en el mes de abril de 2021 la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la Uspec firmaron el Convenio 1127 para la construcción de la Cárcel Distrital II”.
Y advirtió que “el único compromiso que tiene que cumplir el Gobierno Nacional dentro del convenio firmado es la entrega de una porción del predio La Picota para iniciar la construcción del penal, entrega que hasta el momento no se ha hecho”.