Una alerta sobre el hacinamiento en los centros de detención transitoria, así como las presuntas vulneraciones en el acceso a la salud en el sistema penitenciario y carcelario de Bogotá, de privados de la libertad, como es el caso de la población con diversidades funcionales, mujeres, población LGBTIQ, migrantes y adultos mayores, fueron los temas que trató el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, en el marco del foro ‘Uniendo voces por la justicia, equidad y diversidad, forjando un futuro más inclusivo’.
El trabajo de la Personería, a través de la delegada de derechos humanos, ha evidenciado, entre otras situaciones, la ausencia de políticas penitenciarias y carcelarias con enfoques interseccionales y de género.
El Ministerio Público ve con preocupación la difícil situación que atenta contra la dignidad humana de las personas privadas de la libertad que habitan en los centros de detención transitoria, dada la ausencia de control y tratamiento de enfermedades como VIH, cáncer, tuberculosis, diabetes, etc.
De acuerdo con la Personería, esta situación es más grave cuando se trata de adultos mayores y de personas con movilidad reducida, pues la mayoría de las veces no cuentan con muletas o sillas de ruedas, y/o población migrante que, al no estar regularizados por parte del Estado, no acceden al derecho de la salud, si no es por urgencias.
Como consecuencia de lo anterior, durante el 2023, la Personería de Bogotá ha acompañado el traslado, desde estaciones de Policía y URI a centros penitenciarios y carcelarios, de 50 privados de la libertad priorizados por su crónico estado de salud.
En el mismo sentido, la Personería de Bogotá hizo un llamado a las entidades del nivel nacional y distrital por la ausencia de una política pública con enfoque de mujer y género, en el marco del sistema penitenciario y carcelario de la ciudad.
Por esta razón, esta entidad intervino con enfoque de género a 150 mujeres privadas de la libertad en las cárceles El Buen Pastor y Distrital, para establecer la existencia de posibles causas que de manera presunta vulneraran los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
La falta de atención indica que el 43 % de las mujeres no han recibido atención oportuna, adecuada y con seguimiento en el área de nutrición. Esto ha ocasionado que muchas enfermedades se originen o desarrollen mientras están privadas de la libertad. En referencia a la atención recibida, el 49 % de las mujeres encuestadas indicó que no hay atención de urgencias 24/7. Especialmente, se limita el servicio de urgencias los fines de semana y en la noche. Además, afirman que, en muchas oportunidades, el personal de custodia y vigilancia del Inpec no les permite dirigirse a sanidad, aunque estén en grave estado de salud.
El 53 % referencia que no puede acceder a atención médica cuando no es una urgencia. Finalmente, el 24 % de ellas señalan que han perdido citas médicas que llevan esperando meses, porque no son trasladadas a tiempo al centro médico por el Inpec, donde deben recibir la atención especializada, y esto perjudica considerablemente los procesos de seguimiento.
Pese a la promulgación de la Ley 2261 de 2022, donde se señala que las mujeres privadas de la libertad pueden acceder a diferentes artículos de higiene y salud menstrual como tampones, copas menstruales, protectores diarios, el 93 % de las mujeres reciben solo toallas higiénicas y el 73 % afirman que las toallas que entrega el establecimiento no son suficientes para suplir el manejo de su periodo menstrual, debido a que reciben de tres a cinco toallas higiénicas por ciclo.
De las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual dentro de algunos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Bogotá, el 15 % de ellas mencionó que no les realizaron exámenes por enfermedades de transmisión sexual; al 11 % de ellas no se le permitió practicarse una prueba de embarazo, y al 12 % no le suministraron anticonceptivos de emergencia.
Varias de estas situaciones se discutieron en el foro que se llevó a cabo este 12 de septiembre, donde se desarrollaron los paneles ‘Diálogos interseccionales, explorando derechos’, el cual trata temas de mujeres étnicas, migrantes y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Asimismo, ‘Trascendiendo el hacinamiento: acceso a la justicia y derechos fundamentales en foco”, encaminado a determinar las condiciones de salud de la población privada de la libertad o en situación de detención, a partir de la necesidad de aplicar un enfoque diferencial en su atención con dicha población.