Luego de realizarse una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación, para el seguimiento de la operación del relleno sanitario “Doña Juana”, el Ministerio Público advirtió que, a menos de dos años de que se cumpla el tiempo de “vida útil” estipulado por las autoridades ambientales, se desconoce el plan de trabajo hasta julio de 202. Esta fecha es en la que supuestamente el relleno dejaría de estar disponible para cubrir el derecho a saneamiento básico de los bogotanos.
El Distrito expresó que para octubre 2023 tiene previsto presentar una solicitud de modificación en la licencia ambiental para la habilitación de una nueva área que permita disponer y gestionar residuos sólidos por un término entre cinco a siete años adicionales. Sin embargo, el ente de control expresó que se debe trabajar en una solución inmediata a la inminente problemática que va a suponer que el relleno no esté disponible para la ciudad de Bogotá, independientemente del cambio de esquema y del nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea el Distrito Capital.
“Lo que hemos solicitado al Distrito, a la CAR, y por supuesto también, al operador y a la interventoría, es establecer una mesa inmediata de trabajo desde el punto de vista técnico y jurídico para definir con claridad una hoja de ruta en el corto plazo que permita establecer cómo hasta el año 2025, en el que supuestamente el relleno podría ya dejar de estar disponible para la ciudadanía, tengamos una alternativa y un camino claro”, manifestó el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero.
La Procuraduría también precisó que es preocupante el incumplimiento de 17 de los 30 indicadores de seguimiento a la licencia ambiental y de los parámetros de vertimientos. Sumado a esto, manifestó, las fórmulas de actualización tarifaria, asociadas a estas obligaciones, no han tenido un impacto real en la ejecución e implementación en las medidas de manejo ambiental.
Igualmente, durante la reunión, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo un llamado a la articulación de todos los actores, referenciando que es inconsecuente que existan dos solicitudes de modificación de licencia ambiental sobre la misma área y proyecto, una radicada por el Distrito Capital y otra por el operador Consorcio CGR Doña Juana.
Por último, el ente de control instó a la CAR Cundinamarca a realizar un exhaustivo control, como autoridad encargada del seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental. Requirió también al Distrito, al operador y a la interventoría, una mesa de trabajo inmediata de carácter técnico y jurídico, para definir la hoja de ruta a corto plazo, que permita tener claridad ambiental y contractual sobre el futuro del manejo de residuos sólidos en la capital del país.
Veeduría Distrital revela alarmantes hallazgos en el tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana
Tras el fallo del Tribunal de Arbitramento conocido el pasado mes de abril, frente al litigio que vinculaba al concesionario CGR Doña Juana y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), varios temas son los que están sobre la mesa.
Por esa razón, la Veeduría Distrital advirtió importantes hallazgos, específicamente en relación con el cumplimiento de la Optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, y aprovecha para hacer un llamado a la UAESP.
Según el ente de control, hay procesos importantes que parecen no avanzar, entre los cuales se encuentran:
1. Los ajustes estructurales y operacionales asociados a la tecnología existente, para la integración de un tren de tratamiento que garantice el control de sustancias de difícil remoción, favorezca las condiciones sanitarias del entorno y cumpla con los objetivos de calidad del vertimiento Tramo 2 al río Tunjuelo.
2. La propuesta para la ampliación con la respectiva ingeniería básica y de detalle, que permita la evaluación y aprobación por parte de la interventoría y de la UAESP.
Dado lo anterior, la Veeduría señaló que es muy importante entender que se necesitan adelantar varias actividades especializadas, que podrían tomar por lo menos 24 meses (2 años) en ejecutarse.