La movilidad se encuentra colapsada en la avenida Boyacá al occidente de Bogotá, por una manifestación a la altura de la calle 49. El plantón obedece al colapso en la entrega de medicamentos por parte de Audifarma. Los pacientes se cansaron y bloquearon la vía.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, en estos momentos unidades de Tránsito realizan maniobras de regulación de tráfico en el sector.
A la hora (3:00 de la tarde): “Se genera afectación total de las calzadas rápida y lenta. Se implementa cierre a la altura de la calle 53, sentido norte-sur”, informó la Secretaría de Movilidad.
Son cerca de 50 personas las que protestan al frente de Audifarma por negligencia en dispensación de medicamentos.
Es de mencionar que recientemente la EPS Sanitas anunció que llegó a un acuerdo con Audifarma para que esta compañía se encargue de dispensar los medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios de Salud (no PBS), tras la decisión de Cruz Verde de dejarlos de distribuir.
La decisión de Cruz Verde de no seguir dispensando los medicamentos obedece, según lo explicaron en su momento, a que EPS Sanitas ha incumplido en reiteradas ocasiones los pagos establecidos en varias negociaciones que se han venido realizando desde los últimos tres años.
La cadena de droguerías y farmacias indicó semanas atrás que esta deuda sumaba 400 mil millones de pesos y, además, “ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios”.
Esta polémica desató toda una crisis que se convirtió en un enfrentamiento en su momento con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que Sanitas aseguró que el Estado no le ha cancelado todo el dinero correspondiente y por ello no han podido asumir la deuda que mantienen con Cruz Verde.
Sanitas denuncia en la Fiscalía al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS
La polémica intervención a Sanitas provocó una angustia generalizada entre los millones de usuarios y serias dudas entre los expertos, además de preocupación en las directivas de la EPS. Incluso, tras una inspección de la Procuraduría, las dudas se convirtieron en hallazgos de presuntas irregularidades, que ahora se convierten en el argumento de una denuncia que presentó la misma EPS ante la Fiscalía.
Este lunes, los representantes legales de la EPS le madrugaron al asunto. En el búnker de la Fiscalía radicaron una denuncia formal contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, tras advertir las irregularidades que no solo encontró la Procuraduría, sino que advirtieron los abogados en varios días de verificaciones.
El Ministerio Público abrió una investigación formal, luego de revisar los argumentos de la intervención, que generaron un debate entre la Procuraduría y la Supersalud, pues esta no entregó los reportes o hallazgos de las supuestas irregularidades que motivaron la intervención. Incluso, desde algunos sectores se dijo que la actuación de la Superintendencia era una represalia del Gobierno nacional por el hundimiento de la reforma a la salud.
“La investigación se va a orientar a verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva. Bajo ese trabajo preventivo, tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas”, explicó la procuradora Cabello.
En medio de esa inspección, el procurador Luis Ramiro Escandón denunció que la entidad no contaba con ningún expediente para soportar el acto administrativo que dejó por fuera a las directivas de la entidad promotora de salud. Pero el asunto va más allá. Según el funcionario del ente de control, lo mismo habría ocurrido con la intervención a la Nueva EPS.
“No existe expediente administrativo en el que conste toda la información que sustentaron las resoluciones de la toma de las EPS Sanitas y la Nueva EPS, lo que genera una posible vulneración a los principios de transparencia. Hasta el momento, no se ha podido verificar que en efecto exista la información para la toma de decisión”, dijo el procurador Escandón.