La Veeduría Distrital, como organismo de control, reiteró una alerta preventiva al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por las demoras e incertidumbres en la ejecución de las obras financiadas con recursos de valorización en Bogotá.
La preocupación de la Veeduría se fundamenta en las inconsistencias de la información que el IDU remite a los ciudadanos y al ente de control, concretamente en lo que tiene que ver con las entregas de los proyectos.
Tal es el caso del puente peatonal de la carrera 9 con calle 112 - Contrato IDU-215-2020, del que, se informa a la comunidad, será entregado en octubre de 2023, mientras a la Veeduría se le comunica que se proyecta para el mes de mayo de 2023. Sin embargo, en la actualidad se observa bajo nivel de ejecución y, por el contrario, sí es evidente la ausencia de personal, lo que cuestiona el avance real del proyecto.
De igual manera, sucede con los contratos: aceras y ciclorruta de las calles 92 y 94 - Contrato IDU1279-2020; conexiones transversales peatonales - IDU-1299-2020, y construcción Av. Santa Bárbara entre avenida calle 127 y avenida calle 134, Av. Contador entre avenida carrera 15, Autopista Norte y construcción Av. Jorge Uribe Botero (AK 15) entre calles 134 y 151 - Contratos IDU-1765-2021 e IDU-1766-2021.
Por otra parte, los Grupos 1, 2 y 4 de Zonas Industriales de Montevideo se encuentran suspendidos desde el inicio mismo de los contratos de obra, es decir, desde el 2021 y aún pasados 2 años, no hay avance de obra en razón a las inconsistencias de los diseños, que han impedido que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá emita los avales necesarios para el inicio de la fase de construcción de los contratos.
Para la veedora distrital, Viviana Barbera, este panorama en la ciudad es muy preocupante, “instamos a que el IDU proceda a la mayor brevedad a imponer las sanciones correspondientes, dado que son demasiados los retrasos en las obras sin que se vea por parte de quienes son responsables avances ni propuestas que permitan concluir que ya esto se está corrigiendo y, por otra parte, es importante que la información sea consistente; la ciudadanía ha pagado impuestos de los cuales espera que se le dé información veraz”.
Empresa cuestionada por retrasos en las obras de valorización, ahora construirá el cable de San Cristóbal; el IDU se defendió
Una de las cuatro empresas que conforman la unión temporal a la que le fue adjudicada la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, forma parte también del consorcio responsable de una de las obras de valorización en Bogotá con más retrasos. Así lo denunciaron los concejales Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo) y Diego Laserna (Alianza Verde), quienes han venido haciendo seguimiento a los incumplimientos e irregularidades en los contratos de las obras por valorización.
Se trata de la firma Alca Ingeniería, empresa que tiene un 8,02 % de participación en la unión temporal Cable San Cristóbal, ganadora de la licitación para la construcción del cable aéreo en el sur de la capital. Las otras tres empresas que conforman esta sociedad son Doppelmayr Colombia (59,9 %), CYG Ingeniería y Construcciones (24,06 %) y Proyectos Ingeniería Proing S. A. (8,02 %). Este contrato tiene un valor total de $ 341.838 millones.
Alca Ingeniería forma parte también del Consorcio Autopista Norte, en el cual tiene una participación del 25 %, y al que en junio de 2020 se le adjudicó la construcción de los andenes de la Autopista Norte desde Los Héroes hasta la calle 128B, cuyo avance hoy es del 41 %. El contrato para esta obra ha tenido 2 adiciones y 2 prórrogas, la última de ellas el pasado marzo. De acuerdo con datos del IDU, la nueva fecha de entrega está prevista para enero de 2024, es decir, un año y 8 meses adicionales al plazo inicial.
Frente a los cuestionamientos de por qué esta empresa también participará en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal, el IDU señaló que “las entidades no pueden restringir la participación en procesos de contratación”.
“Cosa diferente son los efectos que se puedan derivar para quien presente una propuesta, estando incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar o que sea sujeto a reducción de puntajes por incumplimientos o sanciones en una vigencia determinada como lo prevé la ley, circunstancia que en el presente caso no se dio conforme a los documentos aportados en el proceso de contratación y en el registro único de proponentes aportado en el marco del mismo, motivo por el cual no era dable aplicar sanción o deducción de puntaje alguno”, subrayó el IDU.
La entidad agregó que “ejercerá un control y seguimiento estricto a la ejecución de las obras y la inversión de los recursos públicos, de manera que el contrato cumpla con la finalidad perseguida con el mismo y se logre satisfacer el interés general”.