En mayo del 2022, el nombre del abogado bumangués Julián Fernando Duarte Ballesteros se convirtió en una de las principales tendencias de las redes sociales luego que radicara cerca de 840 recursos de habeas corpus para solicitar la libertad de centenares personas de las que alegaba se encontraban detenidas ilegalmente en las estaciones de Policía en la capital de Santander y su zona metropolitana.
La avalancha de recursos judiciales colapsó el sistema y obligó a que, irónicamente, el viernes 13 de mayo se firmara una resolución para convocar de urgencia a todos los jueces y magistrados del Distrito Judicial de Bucaramanga a trabajar durante todo un fin de semana para resolver las pretensiones, pues tenían que resolver estos recursos en menos de 36 horas, como señala la ley.
Tras radicar los habeas corpus, el jurista publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que advertía que las personas privadas de su libertad tenían derecho a una millonaria indemnización por parte del Estado, por lo cual puso sus datos de contacto y página web.
En esa oportunidad, el abogado se fue en blanco puesto que no logró que se avalara ningún habeas corpus, ya que estaban incompletos y no decían, si quiera y en muchos casos, los datos de las personas que quería que fueran dejadas en libertad y que, según él, ya llevaban más de diez días retenidas en las estaciones de Policía.
Teniendo en cuenta la afectación causada, se pidió investigar disciplinariamente al profesional del Derecho al considerar que su actitud denotaba una “temeridad” de su “masivo accionar y el claro interés en congestionar y colapsar el aparato judicial, sin estar siquiera legitimado para actuar”. Diez meses después, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander abrió investigación para establecer si incurrió en una falta.
Sin embargo, el ahora investigado ya anunció que pondrá la situación que motivó la avalancha de habeas corpus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestando que a la población privada de su libertad se le han vulnerado reiterativa y sistemáticamente sus derechos.
Su defensa, aseveró, además que la radicación de los recursos judiciales de carácter correctivo los hizo Duarte en calidad de veedor ciudadano y no como abogado. Igualmente, sus acciones buscaron que se protegieran los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad en medio de una grave situación de hacinamiento.
“El Estado no puede ser victimario en ningún caso, no puede haber violencia administrativa porque comete un error y tendrá que reparar a estas personas, por los malos manejos de las administraciones municipales y departamentos, al tener a personas privadas de la libertad, en condición de sindicados, en una condición humana no aceptable y adecuada”, señaló el abogado en esa oportunidad, en diálogo con SEMANA.
El próximo 22 de marzo, el abogado Duarte Ballesteros fue convocado por la Comisión a una audiencia de práctica de pruebas documentales y testimoniales. La Fundación Defensa de Inocentes, que asumió la defensa del abogado investigado, aseguró que demostrarán que no incurrió en ninguna falla, esto pese a las innumerables compulsas de copias que hicieron los jueces y magistrados que rechazaron los habeas corpus, en la mayoría de los casos, por ser improcedentes y no dar la información completa.
“El abogado no se tomó la molestia de verificar que los detenidos se encontraran efectivamente en una estación de policía, como alegaba: Pidió también la libertad de personas que estaban en prisión domiciliaria y/o establecimiento carcelario. Autoridades deben investigar cómo tuvo acceso a la base de datos y sancionar el uso irresponsable”, precisó el secretario jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, César Castellanos.