Tras la polémica que se suscitó en las últimas horas por presuntos amarres para la contratación de vigilancia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), Adrián Ignacio González Jaimes, asesor de Transparencia de la administración municipal, se refirió al tema y aseguró que esto obedece a intereses de contratistas que desde hace varios años han ganado las licitaciones.
En conversación con SEMANA, el funcionario explicó que desde su despacho se han emitido las alertas tempranas de posibles irregularidades en la contratación y tras los hallazgos se tomaron las medidas pertinentes para poder llevar a cabo el proceso con transparencia.
“Hay una cierta resistencia de líderes de Twitter a que se cambien los pliegos de condiciones que, como en el caso de la DTB, venían siendo adjudicados a los mismos contratistas desde hace dos años. No se trata de una intromisión, como dice María Juliana Acebedo en contra de la autonomía de las entidades descentralizadas, porque cuando se iba a sacar el proceso encontré que había restricciones o amarres que daban cuenta de un solo proponente habilitado”, dijo González Jaimes.
La controversia surgió a raíz de las declaraciones que entregó María Juliana Acebedo, exasesora de transparencia de la Alcaldía de Bucaramanga, quien señaló que aunque ella advirtió en su momento dichas irregularidades no fueron tenidas en cuenta.
“No tuve injerencia durante el proceso, es decir, en las observaciones, informe de evaluación, ni mucho menos en la adjudicación; así que si existe un reparo al respecto, quienes deben dar las explicaciones correspondientes son encargados de liderar el proceso en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga”, sostuvo Acebedo.
Ante esto, el actual asesor de Transparencia señaló que “ella jamás denunció eso, por el contrario, avaló los procesos. Nosotros podemos hacer alertas tempranas con el fin de evitar la corrupción para que las secretarías y entes descentralizados acaten los principios rectores de la contratación estatal y permitan la pluralidad de oferentes, pero eso no se hizo cuando ella estaba”, agregó González Jaimes.
Según contó Adrián Ignacio González Jaimes tras revisar el proceso de convocatoria se hallaron amarres como: “pedían una antigüedad mayor a 10 años, tres guardas de seguridad con formación en lenguaje de señas y así una serie de condiciones restrictivas que limitaron la contratación y solo permitieron un proponente habilitado”.
Teniendo en cuenta esta situación, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga optó por ampliar el pliego de condiciones y así poder ampliar la convocatoria a más oferentes, hecho que según el asesor habría molestado a algunos contratistas que estaban acostumbrados a quedarse con las licitaciones.
“Al ver que cambiamos las condiciones del pliego, pues ya no van a tener pliegos a su medida y amañados, entonces eso le molesta a ciertos contratistas que se creen dueños de las entidades y que tienen derecho a permanecer para siempre en los contratos”.
En cuanto a la polémica que ha generado la exigencia de armas de largo y corto alcance para las empresas que se postulen como oferentes, el funcionario local indicó que este es un criterio absolutamente válido para calificar y no limita las posibilidades de ninguno.
“Este proceso tiene 11 criterios de calificación, a diferencia del año pasado, el criterio de armas no es un requisito habilitante, es de calificación que nos mide la capacidad de la empresa de vigilancia, es decir, entre más y mejores armas tenga, pues la empresa va a tener mayor capacidad operativa. Este criterio es técnico y moderado; sin embargo, los criterios de calificación siempre habrá quién lo cumpla quién no”, puntualizó González Jaimes.
Hasta el momento el contrato aún no ha sido adjudicado, toda vez que los prepliegos están en etapa de observación.