No hay región de Colombia que se salve de los escándalos por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Luego de que se conocieran los millonarios sobrecostos en un contrato celebrado por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander), la Contraloría y Procuraduría prendieron las alarmas por un eventual millonario detrimento y presuntas irregularidades graves que se pueden dar Santander.

Según la advertencia, al interior del Indersantander estarían sucediendo cosas muy graves como que el pasado 6 de mayo se suscribió un contrato de casi $500 millones con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), entidad que tiene como objetivo principal promover el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural, es decir, nada que ver con el ámbito deportivo.

Sobrecostos

El panorama se torna más alarmante al revisar los precios de los elementos que se adquirieron a través de este contrato, el 341. De acuerdo con el acta de ejecución, compraron flotadores de cintura a $269.000, aletas por $592.000, balones de fútbol a $619.000, cascos de taekwondo a $4.550.000, raquetas de tenis por $3.870.000 y pelotas por $258.000. A estos altos costos se suman capacitaciones por $70 millones -que al parecer no se realizaron- y la contratación de un entrenador para cada disciplina por cerca de tres millones mensuales.

“Es decir, que si compran las más caras, por valor de millón quinientos, estamos hablando de un sobrecosto del 50% por unidad (...) Lo mismo sucede con los balones de fútbol. Encontramos que el mismo balón que aparece en la foto vale $238.000, pero se compró a $619.000″, denunció el diputado Luis Ferley Sierra.

Por si fuera poco, el proceso para la adjudicación del contrato presuntamente solo demoró un día. Según el cronograma del Indersantander, la convocatoria para que los oferentes se postularan inició sobre las 6:50 p.m. del 26 de abril y el 27 se estableció como plazo para presentar observaciones, el 28 fue el día para entregar respuesta a estas observaciones y el 29 de abril ya se había escogió el (único) proponente: Sotea.

La situación cada vez es más impresionante, pues entre los requisitos para adjudicar un contrato como estos es necesario demostrar experiencia e idoneidad. Ante esto, Sotea referenció como experiencia dos contratos (el 004 del 2016, en Piendamó, Cauca, y el Convenio 011 del 2015, en Mutatá, Antioquia) anteriores, donde supuestamente ejecutó actividades similares. Sin embargo, al mirar esto, ningún contrato aparece en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), ni en las bases del Sistema Integral de Auditoría de la Contraloría General de la República, denunció el diputado santandereano, Luis Ferley Sierra.

Pero, para completar esta racha de denuncias, se suma una presunta falsificación de firmas. Al entrenador de Esgrima, Miguel Ángel Arévalo Arévalo, le habrían falsificado la firma en una carta que era otro requisito indispensable para la asignación del contrato. Por tal motivo, Lewis Mosquera (el contratista) fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad ideológica en documento público.

“Por denunciar todo recibí amenazas, bullying y viví otras situaciones incómodas, pero la verdad está por delante”, dijo el entrenador de esgrima en un debate de control político realizado al Indersantander en la Asamblea del departamento.

Indersantander responde

En medio del debate, Pedro Belén Carrillo, quien era director del Indersantander, no pudo explicar los elevados costos de los elementos deportivos e intentó justificar el escandaloso contrato, asegurando que se buscaba dignificar el deporte y que los artículos quedarían en las diferentes ligas para ser usados en el futuro. Sobre Sotea dijo que su rango de operación es “bastante amplio y apto al proceso deportivo” y que supuestamente se realizaron las averiguaciones pertinentes acerca de su idoneidad.

Investigación fiscal

Son tan graves las denuncias sobre el contrato con Sotea que la Contraloría solicitó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y al Intersantander, suspender, respectivamente, a Pedro Carrillo y al coordinador de deporte de alto rendimiento, Raúl Enrique Gutiérrez Torres, mientras se abre una investigación fiscal con el propósito de evitar un detrimento al patrimonio de Santander.

La Procuraduría busca establecer si se presentó un sobrecosto en la adquisición de estos elementos deportivos, así como una evasión de los procesos de selección objetiva al evadir las formalidades que exige la ley 80 de 2002 para este tipo de contratación.

“El Ministerio Público solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, y si dentro de la entidad hay más contratos en circunstancias similares”, puntualizó la Procuraduría.