Nuevamente se dio un golpe al Clan del Golfo. En esta ocasión, fueron cuatro los integrantes de la agrupación armada ilegal que cayeron en el departamento de Santander, quienes además se sabe que pertenecían a la subestructura Édgar Madrid Benjumea, la cual actúa en la mencionada región.
Y es que tras las investigaciones realizadas por las autoridades, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los señalados, que acostumbraban a extender las acciones de la banda en los municipios de San Pablo y Cantagallo (Bolívar) y Puerto Wilches (Santander).
Conforme a lo que logró determinar la Fiscalía General de la Nación sobre esta facción de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estaba centrada en los cobros extorsivos a los palmicultores de la región del Magdalena Medio pidiéndoles de uno a 20 millones de pesos a través de amenazas y armas de fuego.
De esta manera, se aprisionó a Juan Diego Urueña, Luz Dayana Agudelo, Luis Gonzaga Londoño y Didier Jesús Martínez, los cuales habían sido capturados desde el pasado 23 de julio en un operativo que contó con participación de agentes de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional en los territorios en los que delinquían los aprehendidos.
Defensoría le pidió al Gobierno atención inmediata en el Chocó tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo
En alto riesgo de desplazamiento y confinamiento estuvieron 50 comunidades, en particular indígenas y afros, por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC - Clan del Golfo en el Medio San Juan (Chocó), según lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo.
Desde el pasado 14 de agosto hubo enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y social del municipio y su vasta zona rural. Ante esta situación, el ELN decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido de 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan. Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes.
“Desde la Defensoría solicitamos al Gobierno nacional, en particular al comisionado de Paz y las instituciones competentes hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas y sus derechos garantizados”, manifestó el defensor regional de Chocó, Luis Murillo.
El organismo de defensa de derechos humanos también recordó que los grupos armados ilegales deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
“Insistimos a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en consecuencia de la vida e integridad de la población civil, y que por ninguna razón restrinjan la movilidad de las comunidades”, añadió Murillo.
Un equipo de la Defensoría continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación vulneradora de los derechos humanos, luego del anuncio del ELN de adelantar un paro de 24 horas.
Adicionalmente, en el marco de esos recorridos, el organismo ha solicitado que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí, como también que haya abastecimiento de medicinas.
Las advertencias de la Defensoría en el departamento
La Defensoría del Pueblo recordó que 27 de los 31 municipios del Chocó tienen Alertas Tempranas por acciones armadas que ocurrieron entre el 2018 y 2023.
Los documentos de advertencia tienen como objetivo proteger a los habitantes de los municipios: Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.