En un operativo realizado por la Policía en diferentes barrios de Bucaramanga (Santander) se llevó a cabo la captura de 12 jóvenes que presuntamente pertenecerían a la llamada primera línea, recordada por ocasionar desmanes en el marco del Paro Nacional de 2021.

Se trata de 11 hombres y una mujer que, presuntamente, serían los responsables de dañar las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, los semáforos, afectar las fachadas de establecimientos comerciales e incluso quemar algunas entidades bancarias; así como participar en los disturbios registrados en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Sin embargo, el abogado y exconcejal de Bucaramanga, Jorge Flórez, denunció que los procedimientos de captura se habrían realizado de forma irregular y las autoridades pretenderían atribuirle a estos jóvenes incautaciones falsas para hacerlos pasar como delincuentes.

“Hay unas detenciones arbitrarias que ha desarrollado la Policía y tratan de hacer ver a los muchachos como unos traficantes. Este fue un allanamiento que hicieron en las viviendas de varios muchachos que participaron en la pasada protesta social y que hoy quieren hacer pasar como delincuentes, ya hay denuncias de procedimientos ilegales. No les encontraron nada en los allanamientos, pero les están poniendo elementos supuestamente incautados y eso es falso”, sostuvo Flórez.

Asimismo, el exconcejal reveló que las personas capturadas son estudiantes, activistas y vendedores informales que el año pasado fueron detenidos en medio de las manifestaciones, en ese entonces recibieron un comparendo y tras no poder comprobarse que habían incurrido en un delito quedaron nuevamente en libertad.

“Estos jóvenes no se conocen entre sí como para creer que planean realizar nuevamente marchas en Bucaramanga. Conocemos que algunos fueron detenidos preventivamente durante las movilizaciones sociales del paro nacional, pero fueron dejados en libertad por falta de pruebas contundentes. Solo les aplicaron comparendos, pero ahora los quieren acusar de ser miembros de organizaciones delictivas”, agregó el abogado.

Hasta el momento ni las autoridades de Bucaramanga ni la Policía se han pronunciado sobre estas capturas. No obstante, se conoció que estas personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, al parecer, como presuntos responsables de los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Funcionario del Inpec que pretendía ingresar droga a cárcel de San Gil

Un curioso y reprochable hecho se presentó en el departamento de Santander, cuando un uniformado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pretendía ingresar droga al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad ubicado en el municipio de San Gil.

De acuerdo con información entregada a SEMANA por el defensor de los derechos carcelarios en Santander, Hernando Mantilla Medina, este caso se registró sobre las 10:40 a. m. dentro de la cárcel de este territorio.

El defensor le aseguró a este medio que los hechos sucedieron justamente cuando el dragoneante del Inpec, identificado como Carlos Augusto García Pineda, ingresaba al patio general de internos y mediante el proceso de requisa le fue hallado en su poder dos botellas plásticas de Vive 100 que en su interior tenían 425,6 gramos de marihuana.

Se conoció que el funcionario fue detenido inmediatamente por los guardias de turno y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “Al día de hoy no le han realizado la audiencia de legalización de captura, teniendo en cuenta que son 36 horas que se exigen para esa audiencia”, señaló en SEMANA Mantilla Medina.

Por su parte, el hoy capturado, quien tiene 39 años y prestó el servicio por aproximadamente 17 años, se le imputan cargos por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes agravado.