Un nuevo capítulo de presunta corrupción se escribe entorno a la Gobernación de Santander. En las últimas horas, la Fiscalía acusó formalmente a tres exfuncionarios y un contratista de esta entidad tras detectar irregularidades en una serie de contratos que tenían como fin reforzar estructuralmente los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga.
Los acusados son la entonces supervisora de contrato, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros; el abogado de la Secretaría de Infraestructura, Édgar Fabián Báez Ariza; el asesor jurídico de la Secretaria de Infraestructura, Sergio Andrés Pitta Rueda, y el contratista Octavio Reyes Sarmiento.
Estas personas, según la Fiscalía, se habrían confabulado para presuntamente desviar recursos contratos de obra 766, el cual (con prórrogas) tuvo un valor total de 22.000 millones, y de interventoría 1031 de 2015.
“Del valor total del contrato, el 16%, al parecer, se comprometió para el pago de dádivas. Los elementos de prueba indican que el contratista, al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Adicionalmente, se estableció que le habrían reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que nunca se realizaron, y por subcontratar a personas y empresas que no participaron en el proyecto. De esta manera, recibió 4.374 millones de pesos, de los cuales se habría apropiado de 1.889 millones de pesos”, explicó Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción.
Pese a esta situación, la ingeniera Wandurraga Ballesteros, en su condición de supervisora, no advirtió en los informes del uso inadecuado del anticipo y la demora en la ejecución de las obras.
Mientras que el abogado Báez Ariza, según la Fiscalía, sería responsable de direccionar el contrato de obra y la entrega al señor Reyes Sarmiento de datos sobre cantidades de obra y presupuesto para que ajustara su propuesta.
Por su parte, el abogado Pitta Rueda es señalado de gestionar la adición presupuestal del proyecto y de solicitar más de 13 millones de pesos a la interventoría para cambiar la modalidad de pago.
Así las cosas, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de prevaricato por omisión a Ana Lucía Wandurraga Ballesteros, interés indebido en la celebración de contratos a Édgar Fabián Báez Ariza, interés indebido en la celebración de contratos y concusión a Sergio Andrés Pitta Rueda, y peculado por apropiación a Octavio Reyes Sarmiento.
Cabe recordar que este es de los escándalos de corrupción más sonados en la capital de Santander, el cual a partir de 2015 se empezó a gestar con la remodelación de la Villa Olímpica en Bucaramanga.
Luego de una larga investigación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante los jueces pruebas suficientes para demostrar que Paula Marcela Moreno Martínez fue responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado.
Tanto así, que ella no tuvo otra opción que confesar y declararse culpable del delito, por lo que fue condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras del centro deportivo.
Moreno, al aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, se somete a sentencia anticipada. La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos, informó el ente acusador en un comunicado.
Durante el proceso, los investigadores constataron que ella emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo