Dos municipios pertenecientes a las provincias de Soto Norte y Vélez se sumaron a la lista de municipios del departamento de Santander declarados libres de minas antipersonal. Así lo dio a conocer el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N. °3, en el marco de festividades patrias.
Se trata de los municipios de Charta y El Peñón, en los cuales se adelantaban labores de desminado humanitario desde 2019. De acuerdo con el Ejército, el grupo especializado en antiexplosivos tuvo que acudir a los expedientes municipales e información de la comunidad para despejar las tierras que presentaban contaminación.
En Charta el trabajo se concentró en la vereda El Carbonal, allí fueron despejados 9.258 metros cuadrados y “se destruyeron dos minas antipersonal, los otros eventos que registraba el municipio fueron desvirtuados debido a que la población ya utilizaba los terrenos”, explicó el Ejército.
Mientras que en el municipio de El Peñol, los uniformados realizaron estudios no técnicos en cinco sectores, entre estos la vereda Bocas del Horta, donde “se intervinieron 15.128 metros cuadrados, descartándose la contaminación”.
“Con el desminado humanitario del Ejército Nacional, 83 minas antipersonal han sido destruidas y cerca de 900.000 metros cuadrados se han liberado en territorio santandereano”, agreda la institución.
Así las cosas, con estos dos municipios Santander llega a 26 de 87 municipios libres de sospecha de minas antipersonal. La lista la conforman:
Barrancabermeja, Carmen de Chucurí, Macaravita, Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, Suaita, Curití, Galán, Guadalupe, San Miguel, Socorro, Zapatoca, Puerto Wilches, California, Sucre, Cimitarra, Vélez, La Belleza, Landázuri, Simacota, Chima, Hato, Girón; Charta y El Peñón.
A nivel nacional, el país ya tiene el 78 % del territorio libre de sospecha de minas antipersonal. Además, se llegó a más de 200 municipios descontaminados y, de estos, 186 se liberaron con desminado humanitario (labores en terreno) y 15 más por cualificación de información, durante el gobierno del presidente Iván Duque.
Desde 2010, en Colombia se han realizado más de 31.000 actividades de prevención, llegando a más de 656.000 beneficiarios. En el actual gobierno se han realizado más de 21.000 actividades, incluyendo nueve lenguas nativas, impactando positivamente a más de 350.000 personas ubicadas en zonas de alta afectación de minas y artefactos explosivos. En 2021 se realizaron 9.683 actividades con 93.000 beneficiarios, de estos, más de 30.000 niñas y niños.
Desde 1990 hasta el 31 de octubre de 2021, las minas antipersonal y municiones usadas sin explosionar han ocasionado un total de 12.170 víctimas, de las cuales 4.884 son civiles y 7.286 son miembros de la fuerza pública.
En 2021, hubo 152 víctimas. En 2022, se han registrado (a corte de abril) 24 víctimas, 22 civiles y dos integrantes de la fuerza pública. Seis de las víctimas son menores de edad.
Los departamentos con más víctimas son Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá. Cuando las guerrillas empezaron a reemplazar la agricultura por la siembra de las minas antipersonal no lo hacían únicamente para generar terror, sino que estaban convencidos de que dichas bombas, más que un arma, se convertían en un soldado perfecto.
Así lo dejó claro alias el Mono Jojoy en el manual que impartió a las extintas Farc: “Las minas son el soldado perfecto porque causan bajas, heridas y retrasan el avance del enemigo sin comprometer en mínima parte la vida, la integridad o la seguridad de quienes las usan”.