Un descuido aprovechó Wilson González, exalcalde de Rionegro (Santander) para escaparse de las autoridades, que ahora adelantan una minuciosa investigación para descubrir su paradero y recapturarlo. Sin embargo, hasta el momento, son pocas las pistas que hay.
La fuga de González quedó al descubierto cuando no llegó a una audiencia concertada, en la cual el Juzgado 14 Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga le daría a conocer la revocatoria del beneficio de casa por cárcel, para enviarlo nuevamente a la cárcel Modelo; esto en el marco del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
Según la Fiscalía, versiones entregadas por dos reinsertados de las autodefensas, el exmandatario de Rionegro está siendo investigado por una serie de homicidios ocurridos en Bucaramanga y el área metropolitana, el Bajo Rionegro, Puerto Wilches y Sabana de Torres.
Wilson González, de acuerdo con la investigación, es conocido como Pocho y dice la Fiscalía, hacía parte del grupo criminal las Águilas Negras. Además, habría enlazado a la organización criminal con el sargento Almeida, entonces agente de la Sijin, quien le informaba sobre los operativos, las órdenes de captura y hasta apoyaba los homicidios.
En agosto del 2007 en el kilómetro 14 de la vía Palenque - Café Madrid, por órdenes de alias Pocho, habría sido asesinado Víctor Alberto Rico Florián, alias El Soldado, integrante de las Águilas Negras, quien supuestamente se había desmovilizado de las AUC.
El segundo crimen por el cual es investigado Wilson González ocurrió a finales del 2007, la víctima fue un patrullero de la Policía Antinarcóticos y de hidrocarburos, por el que contrabandistas habrían pagado 20 millones de pesos a las Águilas Negras.
Al parecer, el patrullero les estorbaba pues no dejaba que trajeran gasolina de Venezuela. Para este homicidio, ocurrido en el barrio Molinos Bajos, de Floridablanca, según la Fiscalía, Wilson llevó a un compadre suyo para que transportara en moto al sicario y Almeida les habría informado con detalle acerca de los movimientos de las patrullas de Policía el día del crimen y así facilitó el asesinato.
Además, está vinculado al atentado que sufrió el periodista Luis Carlos Ortiz, en diciembre de 2017. También, se investiga la amenaza de muerte que le habría hecho a una funcionaria del CTI, quien coordinó su capturó cuando él fue alcalde.
La FLIP condenó en su momento el ataque al periodista y consideró que la integridad del comunicador y la de sus seres cercanos estaba en riesgo inminente, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la Nación iniciar las investigaciones a que haya lugar.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga ordenó la práctica de las pruebas, entre ellas, el testimonio del afectado y varias documentales tendientes a establecer si las conductas indagadas son constitutivas de falta disciplinaria, o si por el contrario, se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, situación de la que aún no se conoce una decisión en el ente disciplinario.
Todos estos detalles, los entregó la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El procesado, quien fue capturado el 30 de mayo en Bucaramanga, inicialmente fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria, sin embargo tras la apelación de la defensa de las víctimas y la contundencia de las pruebas en su contra el juez decidió revocar esta medida y enviarlo a prisión mientras continúa el proceso en su contra.