La Procuraduría General de la Nación profirió cargos al exalcalde de Betulia, Santander, Jhonatan Rodolfo Díaz Quintero, por presuntas anomalías en la celebración de un convenio de asociación para la reforestación en áreas afectadas por un movimiento en la quebrada “la cabezonera”.
Al parecer, el exmandatario habría suscrito un convenio de asociación con la Fundación sin ánimo de lucro ‘Valoramos’ para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento y reforestación del movimiento en masa sobre una ronda hídrica ,ubicada en la vereda ‘La Putana’ de dicho municipio.
De acuerdo con el ente de control, el involucrado posiblemente pudo hacer un tipo de contrato con una finalidad distinta, por lo que ahora es señalado por las autoridades de irregularidades contractuales.
Por lo tanto, el Ministerio Público investiga si el objeto del negocio jurídico podría ser realizado a través de un contrato de obra; lo que presuntamente implica un desconocimiento del exservidor de los principios de transparencia, responsabilidad y moralidad.
Ante esta situación, la Procuraduría calificó provisionalmente la falta del exfuncionario Jhonatan Díaz, quien estuvo en el 2016-2019 como alcalde de Betulia, “como gravísima, a título de culpa gravísima”, señaló la entidad.
Otro enredo político
Mientras los habitantes del municipio de Barbosa, en Santander, se preparaban para las tradicionales ferias y fiestas de fin de año, el alcalde de este municipio, Víctor Manuel Camacho, firmó un decreto bastante particular.
Según denunció el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, el alcalde Camacho emitió una norma en la que se otorga facultades a sí mismo para ejecutar el presupuesto de su municipio “sin ninguna limitación”.
Si bien está claro que la función de los mandatarios locales es precisamente ejecutar el presupuesto en obras y servicios que beneficien a la comunidad, esta facultad tiene, por ley, limitaciones y restricciones, para evitar que los alcaldes se aprovechen de su poder.
Sin embargo, según el decreto 258 de 2022, firmado por Camacho, en su caso las facultades serán más amplias. De acuerdo con el documento, durante el primero de enero de 2023 y el 30 de junio de este mismo año podrá “realizar todas las operaciones necesarias de presupuesto, suscribir convenios y celebrar cualquier negocio jurídico sin ninguna limitación”.
Además, estará en facultad de adelantar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, pignorar y titular rentas municipales, así como “adicionar, reducir, acreditar y contra acreditar partidas en el presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2023″.
Este hecho generó la molestia del secretario de transparencia, quien anunció que pondrá este decreto en conocimiento de los órganos de control.
“El alcalde de Barbosa, Santander, se autootorgó facultades para realizar ‘todas las operaciones’ de presupuesto ‘sin ninguna limitación’. Solicitaré a los entes de control evaluar la legalidad de este Decreto y actuar, si así lo consideran”, anunció Idárraga.
Un hecho que causa curiosidad de este decreto es que le entrega las facultades al alcalde para ejecutar el presupuesto “sin ninguna restricción” solo hasta junio de 2023, que es cuando entra en vigencia la denominada ley de garantías, que restringe la capacidad de contratación, movimientos de nómina y firma de convenios interadministrativos a nivel departamental y municipal a los mandatarios locales cuatro meses antes de las elecciones, que en este caso se llevarán a cabo en octubre de este año.
En el segundo semestre del año entrante los alcaldes y gobernadores estarán limitados por la mencionada norma y luego, noviembre y diciembre, deberán aplicarse a la rendición de cuentas y el empalme con sus sucesores, sin mayor margen de acción en materia de impulsos decisivos a programas y proyectos de gran envergadura.