Luego de un largo proceso judicial, cinco jóvenes que habían sido capturados en el marco del estallido social quedaron en libertad en la ciudad de Bucaramanga. Estas personas estuvieron privadas de la libertad durante más de un año, pero se comprobó que sus derechos estaban siendo vulnerados.
Los cinco hombres fueron identificados como Luis Hernando Martínez Rodríguez, Janner Eduardo Carreño Barbosa, Sneider Jesús Flórez Sanabria y William Alexis Heredia Barajas, y un quinto joven, quien está culminando la audiencia. Ellos se encontraban detenidos desde junio de 2022, tras ser acusados como presuntos integrantes de la llamada primera línea e incluso de un grupo de delincuencia común organizada.
De acuerdo con el Equipo Jurídico Pueblos, defensa de los jóvenes, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga revocó la decisión proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Garantías, y en su lugar decretó la sustitución de la medida de aseguramiento.
“La decisión fue recurrida, alegándose que se tornaba sorpresivo e ilegal la aplicación de una norma que no había sido enrostrada en las etapas procesales anteriores. De esta manera, se denunció una maniobra estatal dirigida a prolongar la privación de la libertad de los procesados”, explicó la defensa.
En medio del proceso judicial, el ente acusador entregó videos, audios y declaraciones para comprobar la presunta responsabilidad de los detenidos. La evidencia fue soportada por el fiscal, confirmada por la Procuraduría y refutada por la defensa.
Ante esta situación, en primera instancia fue negada la solicitud de libertad, dado que la juez consideró que se trataba de integrantes de un grupo delincuencial organizado y por ende debían estar privados de la libertad por, al menos, tres años. No obstante, el Equipo Jurídico Pueblo logró demostrar que a los jóvenes se le estaban siendo vulnerados algunos derechos.
“El Juzgado Octavo determinó que se vulneraron de manera flagrante los derechos a la defensa, al debido proceso, a la legalidad y a la lealtad procesal. Consideró, además, que en el presente caso no se está ante un grupo delincuencial y, por tal razón, debía darse aplicación a la regla general, que señala que la privación preventiva de la libertad no puede exceder de un año, término que ya se encontraba cumplido, ordenando la libertad de los procesados e imponiendo medidas no privativas de la libertad”, agregó la defensa de los jóvenes.
Así mismo, la defensa de los jóvenes aclaró que el proceso judicial continúa y tiene pruebas para demostrar que detenciones como estas son montajes judiciales. “Son jóvenes de bajos recursos, de estratos populares y esto es una gran noticia para sus familias. Uno de ellos es estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS, estudiante de filosofía, y creemos que esto es un gran logro porque se estaba cometiendo un gran acto de injusticia”.
En este proceso ya se habían nombrado dos gestores de paz y algunos de ellos continuaban privados de la libertad, y otros en prisión domiciliaria. Por ejemplo, “uno de los jóvenes se encontraba en la Estación Norte de la Policía en la ciudad de Bucaramanga en condiciones de hacinamiento. Este proceso fue muy famoso a nivel nacional porque en junio fueron capturadas varias personas, once personas de las cuales los únicos que estaban con medida intramural y domiciliaria eran los que este juez hoy decidió su libertad”, detalló la defensa.